3 de julio de 2014 por Antonio Sanabria
En la pretendida Europa social la crisis es cosa de pobres. Si los años de expansión quedaron reservados sobre todo para los más ricos, ahora, llegada la crisis, los estragos sí son para quienes menos tienen. Sobre ellos recae ahora el pago de una deuda que no generaron.
A las consecuencias propias de más de un lustro ya de recesión se unen, sin duda, los efectos de unas políticas de “austeridad” exigidas desde Bruselas. Un nuevo eufemismo para una vieja receta de “ajuste estructural
Ajuste estructural
Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores.
” cuyo objetivo fundamental no es sino rescatar a los acreedores, maximizando la devolución de unas deudas (recordemos, privadas en su mayor parte) a costa de socializarlas. Con todo lo criticable y denunciable de tales medidas, que es mucho, conviene no perder tampoco de vista la actuación de las elites locales y los gobiernos que las representan. Los recientes estudios sobre desigualdad resultan reveladores al respecto.
Así, la evolución reciente de la inequidad durante estos más de cinco años de crisis que llevamos nos permite conocer cómo se están repartiendo las cargas según los diferentes estratos sociales. Y lo que muestra es que la brecha entre una minoría privilegiada y el resto de la sociedad, lejos de reducirse se agranda, especialmente (aunque no solo) en la llamada periferia. Para unos pocos la crisis sí se ha convertido en oportunidad.
La tendencia a una mayor desigualdad, tanto en el reparto de ingresos como en la posesión de riqueza no es algo reciente. Una mirada histórica, como permite por ejemplo Piketty en su famoso libro, muestra cómo lejos de ser un hecho puntual, resulta una tendencia inherente a la dinámica capitalista.
Fuente: Thomas Piketty (2013), Le capital au XXIe siècle, editorial Seuil, París.
(Gráfico 10.6. Ver piketty.pse.ens.fr/capital21c).
Como apunta al respecto Éric Toussaint se pueden extraer al menos dos conclusiones de los datos representados en este primer gráfico: la clara tendencia hacia la desigualdad antes citada y, segundo, cómo la evolución de ésta obedece al contexto histórico y, con ello, a las luchas sociales en cada momento.
Para fechas más recientes, los datos muestran cómo volvió a hacerse creciente la desigualdad justo con el auge del neoliberalismo a partir de los años setenta del pasado siglo [1]. Se trataba de una respuesta desde el capital ante lo que se evidenciaba como el agotamiento definitivo del modelo económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las nefastas consecuencias que ahora vemos de aquella contrarreforma no han servido para cambiar el rumbo de las políticas. Y no lo ha hecho entre otras razones porque se mantiene la situación privilegiada para las élites que las impulsaron.
Los países al Sur del euro son ahora los más castigados por la crisis. Sus economías, muy dependientes de la entrada de capitales foráneos, se vieron especialmente perjudicadas por la sequía en los mercados financieros internacionales a partir de 2008. Al hundirse el crédito lo hizo también la inversión productiva, y con ella el empleo. Esto resulta especialmente elocuente en España, dada la vinculación en este caso entre el auge crediticio y una burbuja inmobiliaria
Burbuja inmobiliaria
Una burbuja inmobiliaria es una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario en su conjunto, caracterizada por un rápido incremento en el precio de los bienes inmobiliarios. Esto se traduce en una significativa y persistente separación entre los precios de los inmuebles y la variación de sus determinantes económicos fundamentales, como salarios o rendimiento de los alquileres.
. Pinchada ésta, la ingente mano de obra absorbida en tiempos de expansión se ha revertido en una intensa destrucción de puestos de trabajo. De hecho, entre 2007 y 2013 el 55% del desempleo generado en toda la eurozona se localiza en España.
El sector de la construcción y ramas auxiliares concentran un elevado porcentaje de mano de obra procedente, en buena medida, de los segmentos de renta más bajos. Por tanto, la intensa destrucción de empleo en esta actividad supone un perjuicio desproporcionadamente mayor para los hogares más humildes. Asimismo, al contar por lo general con menores niveles de formación les resulta comparativamente más complicado encontrar una nueva ocupación. Todo esto ayuda a explicar por qué, según datos de la OCDE
Organización de Cooperacion y Desarrollo Economicos
OCDE
Creada en 1.960 y con sede en el Château de la Muette en París, la OCDE agrupaba en el 2.002 los quince miembros de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia; en América del Norte, Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entre 1.994 y 1.996, ingresaron tres países del Tercer Mundo: Turquía, candidata a entrar también a la Unión Europea; México, que con sus dos vecinos del Norte forma el ALCNA o NAFTA; Corea del Sur. Desde 1995 se han sumado tres países del ex bloque soviético: la República Checa, Polonia y Hungría. En el año 2.000, la República Eslovaca constituyó el miembro número treinta.
Lista de los países miembros de la OCDE por orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
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, el 10% con menores ingresos perdió entre 2007 y 2010 un 14% de sus emolumentos, la mayor caída para cualquier nivel de renta en Europa. Pero esto no explica lo fundamental: esa desproporción no era algo inevitable, se podía redistribuir. Baste considerar que durante el citado período la pérdida de ingresos para el 10% más rico fue de un 1%; el sector que, no lo olvidemos, más se había beneficiado durante la fase de bonanza. En definitiva, se pudo pero no se quiso redistribuir la carga de la crisis.
Para evidenciarlo y comprender mejor el tema de la desigualdad y la redistribución de la renta consideraremos la obtención de ingresos en dos fases. En una primera, llamada distribución primaria, se retribuye a los factores que intervienen en el proceso productivo. Y en la segunda o distribución secundaria, consideraremos la acción
Acción
Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa.
por parte de las Administraciones Públicas mediante la tributación y la entrega de transferencias de renta. Además, nos centraremos en los primeros años de recesión, antes de que llegaran las exigencias de la llamada troika
Troika
Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo
. Veamos ahora brevemente la distribución primaria.
Distribución primaria de la renta
Aparte de los recursos naturales y materias primas, en una economía capitalista tenemos dos factores productivos básicos: trabajo y capital. Ambos pugnan por captar para sí los rendimientos obtenidos del proceso productivo, si bien esta pugna es desigual desde su inicio pues el capital es el propietario de los medios de producción. El reparto del excedente económico entre ambos sectores dependerá entonces de diversos factores sociopolíticos; en definitiva, de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo.
Así pues, en contra de lo que defiende la ortodoxia económica, el llamado mercado laboral no se rige tanto por consideraciones meramente técnicas, sino sobre todo políticas. Dicho de otro modo, no se retribuye a los factores según la riqueza que estos hayan aportado (su productividad) en cada actividad, sino según la fuerza relativa en la pugna distributiva entre ambos factores a la hora de establecer dicho reparto.
Al respecto, si atendemos a la participación de los salarios sobre el PIB
Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
observamos que durante la crisis ésta se ha reducido en todas las economías periféricas de la eurozona. Así pues, si imaginamos el total de riqueza generada medida por el PIB como si fuera una tarta, el trozo correspondiente a los salarios ha sido proporcionalmente menor. Es decir, aunque la tarta ha reducido su tamaño (el PIB se ha contraído por la crisis) la parte que va a los salarios ha menguado más todavía. Lo que sucede en buena parte de los casos es que los recortes salariales y la precarización laboral sirven a las empresas para desviar recursos que les permitan reducir su elevada deuda
Deuda
Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
acumulada. Los salarios cargan entonces con una parte de la deuda empresarial, a la que se suma la que soportan del sistema financiero (vía impuestos para sufragar el rescate bancario), además de la propia deuda de los hogares.
Como veíamos para el caso de España, el otro elemento de desigualdad en esa distribución primaria es la expulsión de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral. El desempleo supone la imposibilidad para muchos hogares de acceder a su principal y prácticamente única fuente de ingresos. En consecuencia, salvo por las prestaciones por desempleo o algún tipo de ayuda pública a estas personas, esa situación contribuye también a una mayor desigualdad y pobreza.
Según cifras de Eurostat, el año 2013 se cerró con un paro del 13,1% en Irlanda, 16,4% en Portugal, 26,1% en España y 27,5% en Grecia. Así, según cálculos de la OCDE para 2012, casi uno de cada seis adultos en España e Irlanda viven en hogares sin empleo (17,1% y 18% respectivamente), uno de cada ocho en Portugal (12,3%) y uno de cada cinco en Grecia (20,5%). La intensidad de la tragedia griega se percibe mejor si tenemos en cuenta que el citado porcentaje era, apenas cinco años antes, en 2007, de un 10,8%. Por otra parte, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre de 2014, en España casi dos millones de hogares (concretamente 1.978.900) tienen ya a todos sus miembros desempleados y, según Eurostat, en 2013 había 943 mil hogares con hijos menores con todos los adultos en paro.
Al prolongarse en el tiempo la situación de desempleo hace que la amenaza de la pobreza se convierta en una dura realidad para muchas familias. La única “solución” ofrecida al respecto desde instancias oficiales ha sido recortar las prestaciones, facilitar el despido y endurecer el acceso a unos servicios sociales cuyo presupuesto se ha visto mermado.
En muchos casos apenas queda el acceso a pequeñas rentas ocasionales por algún empleo temporal y precario. Ya no es solo más complicado acceder a un puesto de trabajo, como mostraban las cifras récord de desempleo, sino que tener un empleo tampoco garantiza escapar de la pobreza. Así, y según indican los datos de Eurostat, para 2012 Grecia, España e Italia eran los países de la eurozona con mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras pobres. Es decir, que en Grecia el 15,1% de las personas con empleo seguían siendo pobres, el 12,3% en España y el 11% en Italia.
Veamos ahora la distribución secundaria, es decir, el ingreso final disponible tras impuestos y transferencias.
Distribución secundaria de la renta
Tras la distribución primaria, la Administración ejerce una labor redistributiva mediante la tributación sobre las distintas fuentes de ingresos como mediante transferencias de renta.
En las estadísticas oficiales suelen referirse a la situación inicial, la primaria, como “ingresos de mercado”, es decir los obtenidos por los agentes económicos en los mercados de factores tales como el mercado laboral. Mientras, la distribución secundaria (tras las medidas redistributivas) se denomina ingreso final disponible, es decir, la renta que queda para tras pagar tributos y/o recibir transferencias públicas. Comparar ambas situaciones nos sirve precisamente para hacernos una idea de la capacidad del Estado para compensar desigualdades.
Según estimaciones de la OCDE estos impuestos y transferencias mantienen un efecto redistributivo, si bien cada vez más escaso. Por tanto, la desigualdad del ingreso disponible todavía es menor que la del ingreso de mercado, pero el efecto corrector de tributos y transferencias tiende a ser cada vez más escaso. A esto habría que añadir que políticas como la ruptura de la negociación colectiva entre empresa y sindicatos o la desregulación del mercado laboral contribuyen a una mayor desigualdad “de mercado”. Mientras, las políticas fiscales más favorables a las rentas altas y los ingresos del capital hacen que se compense cada vez menos una distribución primaria cada vez más desigual e injusta.
Si comparamos la diferencia entre niveles de desigualdad primaria (de mercado) y secundaria (ingreso final disponible) podemos ver cómo la cuestión de la desigualdad no es en absoluto un fenómeno técnico, inevitable ni natural.
El siguiente gráfico muestra el nivel de desigualdad en ambos tipos de ingreso, de mercado y final disponible. Para ello se calcula lo que se conoce como coeficiente de Gini [2].
Fuente: Estadísticas de la OCDE.
Lo que nos interesa en este caso es comparar en cada país la distribución inicial y la de la renta final disponible. Pues bien, si comparamos España con Bélgica, Austria y Finlandia, por ejemplo, vemos que la distribución de la renta “de mercado” es muy similar en los tres casos: todos ellos con un coeficiente en torno al 0,40. Sin embargo, si ahora comparamos sus respectivos coeficientes de Gini después de impuestos y transferencias, la situación no es tan parecida entre ellos. De hecho, España tiene un coeficiente de 0,31 mientras el de Bélgica, Austria y Finlandia está en 0,26. Es decir, la mayor desigualdad en España con respecto a los otros tres países se explica más por el menor efecto redistributivo de sus políticas. Tampoco sorprende tanto si tenemos en cuenta que tanto los ingresos fiscales como el gasto público del Estado español se encuentran a la cola [3] en Europa.
Si miramos la evolución de la desigualdad, ya sea del ingreso de mercado como del ingreso final disponible entre 2007 y 2010 (Gráfico 3), podemos observar cómo no solo fue la destrucción de empleo en España antes comentada, sino que también los impuestos y transferencias aumentaron la desigualdad. Algo muy similar se puede decir de Grecia e Italia, aunque aún no en Portugal.
En consecuencia, el elemento central no es tanto la crisis sino su gestión. Y los datos al respecto son claros: esta se gestiona especialmente en la periferia con un claro componente de clase a favor de los más ricos.
Fuente: Estadísticas de la OCDE.
Tengamos en cuenta que se trata de los primeros años de recesión hasta 2010, cuando comienzan las políticas de austeridad de la troika, empezando por Grecia ese año. Conforme se conozcan nuevos datos es de esperar que también la evolución de la desigualdad en Portugal desgraciadamente muestre una pauta similar al resto. Así lo evidencia, por ejemplo, el aumento de la desigualdad que se ha producido en ese país desde 2010 entre el 20% con mayores ingresos y el 20% con menor renta (ver más adelante Gráfico 5).
La incidencia de las políticas públicas sobre la desigualdad también puede apreciarse si consideramos el grado de progresividad en las transferencias, esto es, si se destinan más recursos públicos a las personas con menos ingresos. Sin embargo, en contra de lo que cabría esperar en algunos casos, esa progresividad no es tal. Al respecto, el siguiente gráfico muestra el reparto de transferencias entre el 30% de hogares más ricos y el 30% más pobres respectivamente.
Fuente: OCDE, Society at a Glance, 2014.
Según muestran los datos, en países como Nueva Zelanda, Australia o Dinamarca las transferencias en efectivo para el 30% de hogares con menores ingresos fueron casi el doble que para las más altas. Como contraste, en Portugal, Grecia, España y en menor medida Irlanda, las transferencias en efectivo han beneficiado a los hogares más ricos, todo esto en un contexto de elevado desempleo y recortes sociales que no recaían precisamente en ellos. En el caso griego, el 30% de hogares más pobres percibía en 2010 el equivalente al 66% de las transferencias medias, mientras el 30% de hogares más ricos recibían transferencias en efectivo equivalentes al 132% del promedio. En España la situación es similar, con porcentajes del 75% y 115% respectivamente con respecto al promedio; o Portugal, con tasas del 71% sobre el promedio para los hogares más pobres frente al 152% para los más ricos.
Incluso en casos comparativamente más progresivos, como Bélgica, el 30% de hogares más ricos recibía un 83% del promedio de transferencias en efectivo. Es decir, la parte destinada a quienes menos lo necesitan sigue siendo elevada. Todo ello incide en una misma idea general: el problema básico no es de capacidad de recursos públicos, sino de su uso y adecuado destino conforme a las necesidades sociales.
En definitiva, una vez vistas las insuficientes políticas públicas, cuando no regresivas o incluso inexistentes como es el caso de las políticas activas de empleo, se comprende mejor el auge de la desigualdad y la naturaleza clasista de ese reparto de la renta crecientemente injusto. De hecho esa desigualdad es parte clave en el aumento de la deuda, para financiar aumentos patrimoniales y lucrativas actividades especulativas de los más ricos o mantener el poder de compra de los más empobrecidos.
La relación entre los ingresos del 20% más rico con respecto al más pobre de España es el más alto de toda Europa a partir de 2012, seguido por Grecia. Ambos países por encima de tradicionales “líderes” continentales al respecto como Bulgaria o Lituania.
Fuente: Eurostat.
Como contraste a la concentración del ingreso, la pobreza aumenta en toda la periferia europea. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza [4] aumenta en esta zona, siendo España y Grecia quienes muestran las tasas más elevadas según Eurostat (23,1% y 22,2% respectivamente en 2012). Es verdad que un aumento de la desigualdad como el evidenciado en el último gráfico no siempre supone un crecimiento de la pobreza. Pero lo que muestra este incremento, mientras se ensanchan las distancias entre ricos y pobres, es que hay recursos para revertir el empobrecimiento mediante medidas tributarias a las rentas y patrimonios más elevados.
Cualquier sociedad que quiera llamarse a sí misma democrática no puede permitir que mientras una elite concentra niveles crecientes de ingreso, uno de cada tres habitantes en Grecia (33,7% de la población en 2012 según Eurostat) subsista con privaciones materiales. Tampoco ninguna sociedad que se pretenda democrática puede permitir que mientras el 20% más rico concentra un nivel de renta mayor que ningún otro Estado europeo, 2,3 millones de niños y niñas se encuentren por debajo del umbral de la pobreza según denuncia el reciente informe de Unicef La infancia en España, 2014.
Sin duda, las políticas neoliberales en Europa ya antes de la crisis representaban el progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar que, con mayor o menor intensidad según los casos, las luchas sociales habían logrado instaurar al término de la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que el actual desmantelamiento queda mejor definido al referirse a él como contrarreforma. De igual modo, las medidas de la troika han representado una profundización de ese giro neoliberal como forma de maximizar en este caso el pago de la deuda a los acreedores.
Pero con todo ello, el papel desempeñado por las elites locales no ha sido en absoluto desdeñable, e incluso ha ido a menudo por delante de las directivas comunitarias. La crisis ha sido la justificación, y el argumento una estafa. Obviamente la recesión existe, es real, pero se obvia el hecho de que la concentración previa del ingreso en unas pocas manos supuso un elemento de primer orden para el crac. También se obvia cuando se justifica el pago de la deuda quiénes la generaron y cómo se favoreció fiscalmente a las rentas más altas. Y es que en buena medida la deuda pública de hoy son los impuestos que ayer no se recaudaron. Ahora, más de cinco años después y contra toda racionalidad ni justicia social más elemental, ese proceso que incrementa desigualdades todavía continúa. Y así seguirá, en la periferia de la periferia, mientras no hagamos que la crisis sea para los ricos.
Antonio Sanabria es economista del CADTM Bélgica.
[1] Para un análisis más detallado sobre la desigualdad a escala mundial puede leerse entre otros, el artículo “Algunos apuntes sobre la situación y evolución de la desigualdad económica en el mundo”, publicado en la página web del CADTM: http://cadtm.org/Algunos-apuntes-sobre-la-situacion
[2] Básicamente se trata de un indicador que mide el grado de desigualdad. Este oscila entre 0 y 1, donde el cero representa una situación de extrema igualdad (todas las personas tienen la misma renta) y 1 (una sola persona concentra toda la renta). Cuanto más equitativo sea el reparto del ingreso en una economía, más próximo estará a 0 el valor del coeficiente. Y al revés, cuanta más desigualdad haya más próximo estará el valor a 1. Asimismo, cuando el coeficiente aumenta a lo largo de los años nos indica que la desigualdad crece.
[3] El gasto público en España es sensiblemente inferior a la media tanto de la eurozona como de los 28 países que conforman la UE: 44,8% de gasto público sobre el PIB en España frente al 49,7% de la eurozona o el 49% de la UE-28. Por el lado de los ingresos, el rasgo común en toda la periferia es la baja participación de la recaudación fiscal sobre el PIB. Para el caso español, en 2013 fue del 37,8% en 2013 frente al 46,7% promedio de la eurozona o el 45,7% en la UE-28 (fuente: Eurostat).
[4] Este se define como el porcentaje de personas cuya renta final disponible es inferior al 60% del ingreso mediano nacional, después de impuestos y transferencias.
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