Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

¿Qué lógica tiene obligar a pagar deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. anticipada cuando ya has reducido drásticamente tu deuda pendiente, consigues superávit y sigues teniendo necesidades sociales? La única lógica a la que puede responder esta imposición es la de la agenda neoliberal llevada por el Gobierno y la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en los últimos años. Una lógica que insiste en beneficiar al sistema financiero por encima de la ciudadanía. Una lógica de austeridad frente a la inversión pública, el gasto social y la creación de empleo. Una lógica que los municipios, la administración pública más cercana a la ciudadanía, debe combatir para recuperar la soberanía municipal que el Ministerio de Hacienda nos ha arrebatado, ya que la autonomía municipal, constitucionalmente protegida no se respeta.

El techo de gasto impuesto es un límite totalmente arbitrario, basado en criterios ideológicos neoliberales de reducción del sector público, y que impide tratar con equidad a todas las administraciones locales, ya que el gasto que necesita cada municipio no se puede calcular únicamente con criterios económicos ni es el mismo en todas partes. El Ministerio, con Montoro a la cabeza, emplea la deuda como dispositivo de control sobre los municipios, como arma de chantaje en complicidad con la banca. Cuando son precisamente los municipios quienes más han contribuido a reducir la deuda de este país, generada por la corrupción y el despilfarro, es a ellos a los que impone una mayor contención del gasto. En 2016, las corporaciones locales fueron las únicas administraciones públicas que consiguieron superávit (más 7.000 millones de euros, según la FEMP) y son precisamente ellas las más maltratadas por este Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo paradigmático.

Esta semana, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro envió una carta al Ayuntamiento de Madrid pidiendo el compromiso de inmovilizar 238 millones de euros. Dicha cantidad corresponde al dinero que ha sobrepasado el techo de gasto impuesto por la Ley Montoro y que el Ayuntamiento de Madrid ha gastado, tras disminuir considerablemente la deuda de la ciudad y de reducir drásticamente el tiempo de pago de sus facturas, así como aumentar un 26% el gasto social y la inversión pública y registrar superávit. Madrid ha disminuido la deuda y aún así es hostigada y castigada a seguir amortizando más deuda anticipada, cuando sus prioridades y necesidades son otras.

Son muchos los municipios y comunidades autónomas que han superado su techo de gasto, por no hablar del continuo incumplimiento del techo de déficit por el propio Montoro impuesto por Bruselas, pero es Madrid quien recibe los ataques frontales por parte del Ministerio de Hacienda. La reacción por parte del ministro responde efectivamente a una acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. de desobediencia por parte del Ayuntamiento frente a la conocida como “Ley Montoro”, desobediencia acometida en aras de hacer política en favor de la ciudadanía. Amenazas amparadas por una Ley que agrilleta? a los municipios para seguir favoreciendo a la gran banca. Una Ley que desprestigia y ahoga la labor de los gobiernos municipales y que roba su soberanía, autonomía y autosuficiencia financiera.

Por todo ello, los más de 150 municipios que integramos la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes y los más de mil cargos firmantes del Manifiesto de Oviedo mostramos nuestro apoyo al Gobierno de Ahora Madrid, a la concejalía de Economía y Hacienda y a su concejal, Carlos Sánchez Mato, en la lucha política y social que está librando frente a un Gobierno que desoye las necesidades de la ciudadanía y que ignora la buena gestión que están haciendo los gobiernos municipales.

Lo que ha planteado el concejal Carlos Sánchez Mato va en la línea de lo que plantea la FEMP, que incluye a todos los ayuntamientos: Poder reinvertir su superávit para garantizar servicios públicos. Desde la Red no podemos entender los planteamuentos de un ministro, Cristóbal Montoro, cuestionado por ayuntamientos y CCAA de todo signo (incluso de su propio Partido Popular) y hasta por la UE bajo cuyo yugo nos pretende someter y acepta la injusta y absurda regla de gasto que obliga a destinar el superávit a pagar deuda antes de tiempo en vez de garantizar servicios públicos. Es decir, a favorecer a los bancos por delante de las necesidades de la ciudadanía.

El presupuesto de los municipios debe ser utilizado para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, si el Ayuntamiento dispone de recursos, debe invertirlos en gasto social, lo contrario sería absurdo e injusto. Los ayuntamientos deben ejercer su soberanía por encima de leyes injustas como la Ley Montoro, que ha sido declarada parcialmente inconstitucional.

Por eso, desde la Red exigimos:

• El cese inmediato de las presiones y chantajes políticos ejercidas desde el Gobierno central hacia el Gobierno de Ahora Madrid respecto al techo de gasto.

• La rectificación inmediata por parte del Ministerio de Hacienda en la exigencia de no disposición de los 238 millones de euros.

• La derogación de las injustas e ineficaces Leyes de Estabilidad Presupuestaria 2/2012 y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 27/2013, así como la reforma de 2011 del artículo 135 de la Constitución.

• Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA)

• El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas.