Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Sin pretensión de ser exhaustivo y de tener la última palabra, se puede avanzar las definiciones siguientes:

• Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
  Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
  Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general o en perjuicio del interés general.
• Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable.
• Deuda pública odiosa: originada en créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).
  
  Créditos privados
  Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.
  
  Créditos públicos
  Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. concedidos a regímenes autoritarios, o imponiendo condiciones que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda.
• Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución condena a la población de un país al empobrecimiento, a una degradación de la salud y de la educación pública, al aumento del paro, incluso a la subalimentación. En definitiva, una deuda cuyo pago implica el no respeto de los derechos humanos fundamentales. En otras palabras: su reembolso impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales.

El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los Estados miembros sometidos a planes de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. — prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: «Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.» [5]

El gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a favor y ninguna abstención.

La participación ciudadana resulta fundamental de cara a un proceso de auditoría que se quiere sea riguroso e independiente.

Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:

La deuda griega, que representaba el 113 % del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. en 2009 antes del estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo , que posee las 4/5 partes de esa deuda, pasó al 185 % del PIB en diciembre 2014. Por lo tanto, después de la intervención de la Troika se produjo un aumento muy fuerte de la deuda.

A partir de 2010 y hasta 2012, los créditos concedidos por la Troika a Grecia sirvieron en gran parte para reembolsar a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y francesas. [6] Cerca del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos alemanes y franceses mantenían en torno al 50 % del total de los títulos públicos griegos.

Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos privados europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60.000 millones de euros, pasando de 80.000 millones a 140.000 millones), sin considerar la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problemas. Paulo Nogueira Batista y Philippe Legrain, eran respectivamente director ejecutivo del FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : y consejero del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en el momento del préstamo de la Troika en 2010. En un documental difundido recientemente por Arte, [7] M. Batista afirma que todos los administradores del FMI sabían antes de votar la concesión del préstamo que éste servía en realidad para «salvar a los bancos franceses y alemanes, no a Grecia» [8]. Philippe. Legrain lo completó precisando que: «los directivos del FMI fueron presionados por el director del FMI en ese momento, Dominique Strauss-Kahn, quien aspiraba a la presidencia de Francia, y por lo tanto no quería imponer pérdidas a los bancos franceses. Por otro lado, los bancos alemanes habían convencido a Angela Merkel de que sería dramático que perdieran dinero. Entonces los gobernantes de la zona euro decidieron hacer como si Grecia atravesara solamente unas dificultades pasajeras». Para ello, «eludieron un principio esencial de una cláusula de Maastricht, la que impide el rescate. Concedieron préstamos a Atenas no para salvar a Grecia, sino parar salvar a los bancos franceses y alemanes que habían tenido la inconsciencia de conceder préstamos a un Estado insolvente».

Una auditoría de la deuda griega demostrará que los bancos privados europeos aumentaron fuertemente sus créditos a Grecia entre finales del 2005 y 2009 (los créditos tuvieron un aumento de más de 60.000 millones de €, pasando de 80.000 millones a 140.000 millones), sin tener en cuenta la capacitad real de Grecia para reembolsarlos. Además, prestaron a Grecia a un interés muy bajo (0,35 % a tres meses en octubre de 2009; 4,5 % a 10 años en ese mismo mes [9] cuando Alemania pagaba, en promedio, a alrededor del 3,3%, en la misma época y por el mismo plazo.). [10] Los bancos actuaron de una manera arriesgada, sin verificar la solvencia de Grecia, convencidos de que las autoridades europeas acudirían en su ayuda en caso de hubiere algún problema.

Los bancos comerciales fueron así reemplazados por la Troika, quien pasó a ser el principal acreedor de Grecia desde finales de 2010.

La auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta éste conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en 2010 (es decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a Grecia por un total de 53.000 millones de euros, el FMI, el BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. , la Comisión Europea, etc.), ¿respetaron el principio de autonomía de la voluntad del prestatario, a saber, Grecia? ¿O se beneficiaron de su angustia, ante los ataques especulativos de los mercados financieros, para imponerle contratos que iban en contra del interés de la población? Esos prestamistas, ¿impusieron condiciones leoninas, sobre todo al exigir, para su devolución, tipos de interés exagerados? [11]

Se trata así mismo de auditar la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (los de Brasil, Suiza, Argentina, La India, Irán, China y Egipto) mostraron sus grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que se le imponían. [12] El gobierno griego, ¿solicitó a la administración encargada de las estadísticas, en connivencia con el anterior director gerente del Fondo, falsear los datos exactos a fin de presentar un boletín sobre la salud financiera del país tan malo que permitiera al FMI poner en marcha un plan de rescate? Varios altos funcionarios griegos así lo afirman. [13]

¿Ha sobrepasado el BCE, de manera grave, sus prerrogativas al exigir al Parlamento griego que legislara sobre el derecho de huelga, la sanidad, el derecho de asociación, la educación y también sobre la fijación de salarios, de acuerdo a sus exigencias?

En marzo de 2012, la Troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue presentada en su momento como un éxito. Recordemos que el entonces primer ministro, Yorgos Papandréu, anunció a principios de noviembre de 2011, en la víspera de una reunión del G-20, su intención de convocar un referéndum para febrero de 2012 sobre esa reestructuración de la deuda preparada por la Troika. Debido a la presión de ésta, aquel referéndum jamás tuvo lugar y se le retiró el derecho al pueblo griego a pronunciarse sobre las nuevas deudas. Los grandes medios de comunicación dieron eco al discurso de que la reestructuración permitiría reducir la deuda griega en un 50 %. En realidad, esa deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año previo a la gran anulación del supuesto 50 %. La auditoría mostrará que esa operación de reestructuración, que constituye una vasta superchería, estaba vinculada a la profundización de las políticas contrarias al interés de Grecia y de su población.

La auditoría deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la Troika a Grecia, en contraprestación a los créditos, constituyen una violación de una serie de tratados y convenciones que han de ser respetados tanto por los acreedores como por el prestatario, Grecia. El profesor de Derecho, Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena, demostró de manera irrefutable que los programas de la Troika son ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho internacional. Las medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a un salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Todos esos derechos están protegidos por numerosos textos jurídicos a escala internacional y europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, los dos pactos de la ONU sobre Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen el estatus de Principios Generales del Derecho (PGD). La lista de artículos conculcados por los memorándum impuestos a Grecia, que muestra escrupulosamente el profesor Fischer-Lescano es impresionante y compromete la responsabilidad jurídica de las entidades que conforman la Troika, o aquellas puestas en marcha por ésta (como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por ejemplo).

Un reciente estudio realizado por Margot E. Salomon, directora del Centro de Estudios de Derechos Hunanos de la London School of Economics and Political Science, refuerza el veredicto del profesor Fischer Lezcano.
Margot Salomon recuerda en ese estudio, titulado «Of Austerity, Human Rights and International Institutions», [14] que las organizaciones que componen la Troika deben imperativamente respetar las convenciones europeas e internacionales, como la Carta Social Europea y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, no pueden imponer a los Estados medidas que conducirían a la violación de derechos humanos, como el Comité de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales ya lo ha recordado en muchas ocasiones. [15]

Ese estudio demuestra así mismo que la responsabilidad jurídica de la Troika en la violación de los derechos de la población griega es total, puesto que está implicada en todos los niveles de la elaboración y la aplicación del acuerdo. Contrariamente a las declaraciones del FMI, según las cuales los Estados deciden ellos mismos sus políticas, Grecia estaba bajo la tutela de sus acreedores y sin ningún margen de maniobra. [16] Esas ilegalidades, que la Comisión de auditoría ha de establecer, implican la nulidad de los compromisos del gobierno precedente con la Troika, convertida en «instituciones», incluidos los préstamos otorgado a Grecia en contrapartida de la aplicación de esos acuerdos ilegales.

La auditoría determinará si, como exige el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013, antes citado, el «programa de ajuste macroeconómico respeta plenamente el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». La auditoría debe verificar igualmente si se ha respetado el siguiente pasaje del Reglamento: «Los esfuerzos de consolidación presupuestaria establecidos en el programa de ajuste macroeconómico tendrán en cuenta la necesidad de garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y la salud.» Se trata así mismo de verificar si se ha aplicado ese principio fundamental del Reglamento: «En el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se dispone que, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la continuación de la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.» Se trata de contraponer esto con el informe de evaluación de la puesta en marcha del segundo programa de ajuste estructural, publicado en abril de 2014 por los servicios competentes de la UE, y en el que los autores se felicitan de la reducción de un 20 % de los empleos públicos griegos. [17] En el recuadro titulado «Relatos de logros del programa de ajuste económico» (Success Stories of the Economic Adjustment Programme) se puede leer que las reformas del mercado laboral permitieron reducir el salario mínimo legal y suprimir 150.000 empleos en la Administración Pública («decrease in general government employement by 150,000», p. 10).

La auditoría podrá demostrar que las medidas dictadas por los acreedores constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de tratados. Se pueden identificar importantes irregularidades. En consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda contraída por Grecia con la Troika.

Con respecto a las deudas anteriores a la intervención de la Troika, a partir de mayo de 2010. [18]

En primer lugar, está la deuda contraída por la dictadura de los coroneles, que se cuadriplicó entre 1967 y 1974. Evidentemente, esa deuda responde al calificativo de odiosa. [19]

A continuación, nos encontramos con el escándalo de los Juegos Olímpicos de 2004. Según Dave Zirin, cuando, en 1997, el gobierno anunció con orgullo a los ciudadanos griegos que Grecia tendría el honor de acoger siete años más tarde los Juegos Olímpicos, las autoridades de Atenas y el Comité Olímpico Internacional previeron un presupuesto de 1.300 millones de dólares. Algunos años más tarde, el coste se había multiplicado por cuatro y se elevaba a 5.300 millones de dólares. Justo después de los Juegos, el coste oficial alcanzaba la suma de 14.200 millones de dólares. [20] Actualmente, según diferentes fuentes, el coste real sobrepasaría los 20.000 millones de dólares.

Numerosos contratos firmados entre las autoridades griegas y las grandes empresas privadas extranjeras continúan provocando el escándalo desde hace varios años en Grecia. Esos contratos implicaron un aumento de la deuda. Podemos citar varios ejemplos que saltaron a los titulares de la prensa en Grecia:

• El escándalo de los submarinos alemanes (producidos por HDW, que fue absorbida por Thyssen) por un valor global de 5.000 millones de euros —submarinos que desde el comienzo presentaban el defecto de escorarse enormemente hacia…la izquierda—, y de tener un equipamiento electrónico defectuoso. Una investigación judicial sobre las eventuales responsabilidades (corrupción) de ex ministros de defensa está en curso.

• Varios contratos firmados con la transnacional Siemens, acusada —tanto por la justicia alemana como por la griega— de haber pagado comisiones y otros sobornos al personal político, militar y administrativo griego por un monto de cerca de 1.000 millones de euros. El principal dirigente de la firma Siemens-Hellas, [21] que reconoció haber «financiado» a los dos grandes partidos griegos, huyó en 2010 a Alemania, y la justicia alemana rechazó el pedido de extradición realizado por la justicia griega. Esos escándalos incluyen la venta, por Siemens y sus asociados internacionales, del sistema antimisil Patriot (en 1999, con 10 millones de euros de sobornos), la digitalización de los centros telefónicos del OTE (Organismo Griego de Telecomunicaciones) (sobornos por 100 millones de euros), el sistema de seguridad «C4I» comprado con ocasión de los JJ OO de 2004 y que nunca funcionó, la venta de material a los ferrocarriles griegos (OSE), la venta del sistema de telecomunicaciones Hermes al ejército griego, y la de costosos equipamientos a los hospitales del país.

A comienzos de marzo de 2015, comenzó en Atenas un proceso sobre uno de los numerosos casos de corrupción en los que está implicada la firma Siemens, el relacionado con el OTE. [22] Entre los 64 sospechosos, 13 son ciudadanos alemanes, ejecutivos de la sociedad madre. Según la decisión de los jueces, Siemens habría entregado unos 70 millones de euros para conseguir un contrato y para digitalizar la red griega de telecomunicaciones pública de la época, OTE (el contrato data de 1997). Entre los sospechosos estaba el ex hombre fuerte de Siemens Hellas, Michalis Christoforakos, que huyó a Alemania y que las autoridades alemanas se niegan a extraditar a Grecia. Las acusaciones hacen referencia al «blanqueo de dinero» y a la «corrupción activa y pasiva». Theodoros Tsoukatos, consejero del ex premier ministre Kostas Simitis (PASOK), [23] también está en la lista de sospechosos. «Al parecer Tsoukatos habría distribuído 1.000.000 de Deustche Mark y que los fondos se habrían encontrado en las cuentas del PASOK.». Los otros sospechosos son ejecutivos superiores de la filial griega de Siemens, así como ciudadanos alemanes que habrían aceptado sobornos y comisiones. El único político griego que, hasta ahora, ha sido condenado en relación con ese escándalo es el ex ministro de Transportes Tasos Mantelis, quien recibió como condena tres años de cárcel en suspenso en 2011, después de haber admitido la culpabilidad de haber aceptado pagos de 450 000 Deutsche Marks (230 000€) de Siemens entre 1998 y 2000.

Con respecto al período anterior a la crisis de 2010, la auditoría también tendrá que investigar la intervención activa de Goldman Sachs en el maquillaje de las cuentas de Grecia y el impacto que eso tuvo sobre la deuda. [24] Así mismo habrá que demostrar el efecto de los regalos brindados por las autoridades griegas a los bancos griegos y cómo uno de los principales imperios financieros griegos, el del magnate Latáis, se benefició de manera ilegítima cuando no ilegal. Se deberá analizar también el impacto del ingreso a la zona euro sobre la deuda griega.

Conclusion

La auditoría tendrá que determinar cual parte de la deuda griega contraída tanto en el período precedente a la intervention de la Troika como en el posterior es ilegitima, ilegal, odiosa e insostenible. La auditoría revelará así mismo la responsabilidad de los que se beneficiaron de ésta, tanto en Grecia como en el ámbito internacional: en los medios financieros, en el de las grandes empresas industriales, así como en el corazón de las instituciones europeas.

Zoe Konstantopoulou, con ocasión de su investidura como presidente del Parlamento griego, afirmó: «Se emprenderán iniciativas a fin de que el Parlamento contribuya de manera esencial a promover las reivindicaciones por la anulación de la mayor parte de la deuda, de la integración de cláusulas de crecimiento y de garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). de contención de la crisis humanitaria, y de ayuda a nuestro pueblo. La diplomacia parlamentaria no es un ceremonial ni el equivalente de las relaciones públicas.» Y agregó: «La demanda de una solución equitativa y beneficiosa para nuestro pueblo, mediante la anulación de la deuda y la moratoria de los reembolsos debe ser objeto de una campaña interparlamentaria de reivindicación, basada en la información de viva voz de otros parlamentos y asambleas parlamentarias, pero también de los pueblos europeos que ya se movilizan en solidaridad con nuestro pueblo.» [25]

Como Zoe Konstantopoulou declaró el 7 de marzo de 2015 a Le Monde, «El pueblo tiene el derecho de pedir que la parte ilegal de la deuda, si la comisión la verifica, sea eliminada.»

Traducido por Griselda Pinero