Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Logró aprobar el presupuesto general del Estado para 2026 gracias a la abstención del Partido Socialista (PS) y ahora esperaba aprobar una serie de nuevas leyes sobre legislación laboral con la complicidad de Chega (extrema derecha). Sin embargo, la huelga general del jueves 11 de diciembre sumergió este proyecto en un clima de incertidumbre.

La confianza del gobierno en los dos pilares «opuestos» que apoyaban a su minoría parlamentaria era tal que se atrevió a anunciar el paquete legislativo más radical de las últimas décadas. Fue mucho más allá en su reivindicación antiobrera y antipopular que cualquier otro gobierno en los últimos 50 años desde la contrarrevolución [“operación” del 25 de noviembre de 1975] que acaba de celebrar. Incluso los diferentes gobiernos de mayoría absoluta que la derecha tuvo después de 1975 nunca se atrevieron a considerar las medidas extremas contenidas en este «paquete de medidas sobre legislación laboral».

Entre las numerosas disposiciones previstas se encuentra luz verde ilimitada para los despidos individuales, la anulación de las sentencias que ordenan la reincorporación de un trabajador despedido, el derecho del empleador a recurrir a empresas externas para realizar el trabajo de los despedidos, la obligación de los trabajadores con hijos pequeños a aceptar horas de trabajo los fines de semana y la implantación de un contador de horas individualizado para que las horas extraordinarias ya no se paguen como tales...

Y de repente, el imprudente gobierno del primer ministro Luis Montenegro notó que su cómoda mayoría parlamentaria conservadora -sea apoyada por los fascistas o los socialdemócratas- así como la perspectiva de que solo dos candidatos de derecha [las encuestas anuncian una situación de trío con: el militar Henrique Gouveia e Melo, Luis Marques Mendes (PSD) y André Ventura de Chega] se clasifiquen para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de enero de 2026 ya no se corresponden con la revuelta del país real.

A principios de diciembre, las encuestas ya mostraban un amplio apoyo popular a la convocatoria de huelga general el 11 de diciembre. Los informes de Vox Populi reflejaban ya el deseo de hacer huelga de muchas personas que nunca habían participado en una huelga en su vida. El gobierno lo ha intentado todo, en el último minuto, para disuadir a la gente de unirse a la huelga, prometiendo aumentar el salario mínimo de 870 euros brutos (en 14 meses) a 1.600 euros y el salario medio de 1.600 euros a 3.000 euros. Estas promesas extravagantes, sin fecha ni garantía, han caído en oídos sordos.

El mismo día, la tasa de participación en la huelga alcanzó un nivel sin precedentes. La CGTP (Confederación Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional-CGTP-IN) - central sindical vinculada al Partido Comunista Portugués-PCP- estimó en 3 millones el número de huelguistas de una población activa de 5,3 millones de personas. La UGT (União Geral de Trabalhadores) - central sindical históricamente vinculada al PS - estimó una cifra aún mayor. Las estadísticas de participación siguen siendo controvertidas, pero, independientemente de la exactitud de las estimaciones, la huelga ha demostrado su fuerza de forma indiscutible al bloquear los servicios esenciales.

El transporte público se ha paralizado en casi todo el país. El metro de Lisboa tuvo que cerrar sus puertas. Los trenes que no estaban sujetos a servicios mínimos quedaron totalmente inmovilizados, y muchos de los que estaban incluidos en los servicios mínimos tampoco pudieron circular. En el aeropuerto de Lisboa, la huelga provocó la cancelación de 400 vuelos. Los barcos que cruzan el Tajo permanecieron en el muelle. La mayoría de las escuelas cerraron y la huelga en la educación se prolongó hasta el día siguiente, 12 de diciembre. En los hospitales, se cancelaron las consultas y las operaciones programadas, solo se aseguraron las urgencias. La basura doméstica no ha sido recogida. Grandes empresas privadas, como Auto-Europa, filial de Volkswagen y principal exportador del país, han cesado por completo su actividad.

El ministro de la Presidencia, Antonio Leitão Amaro, hizo el ridículo al declarar en televisión que la huelga era «insignificante». La broma más popular del país se ha convertido en la comparación entre este personaje y el ministro de propaganda de Saddam Hussein, que seguía, imperturbable, afirmando frente a las cámaras los éxitos de las fuerzas iraquíes, mientras que el ruido de la artillería imperialista ya se escuchaba al fondo en su propio programa. Este último pasó a la historia con el nombre de “Ali, el cómico” y ahora tiene en Amaro un imitador alternativo.

Los hechos, indiscutibles, hablan un lenguaje más serio y completamente diferente. Ante el éxito de la huelga general, el gobierno consideró prudente dejar de lado su proclamada intransigencia y anunció que reabriría las negociaciones sobre el «paquete laboral». Durante la reanudación de las negociaciones, solo quiere tener, en cualquier caso, a la UGT como interlocutor, para sembrar la discordia entre las dos centrales sindicales que, desde 2013, nunca habían convocado una huelga general. Otro hecho elocuente fue el espectacular cambio de posición del partido de extrema derecha Chega: mientras que hace un mes, alabababa la oportunidad de la nueva legislación laboral anunciada y vilipendiaba el llamamiento a la huelga, ahora ha manifestado su simpatía por las motivaciones de los huelguistas. Esto aparentemente significa que el “paquete laboral”, tal como está, ya no podrá contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlo.

Este primer éxito de la lucha de los trabajadores no significa que el peligro haya desaparecido. El gobierno y las confederaciones patronales buscarán otra forma de imponer su programa neoliberal y finalmente establecer un régimen de capitalismo salvaje sin ningún obstáculo legal. Para ello, podrán contar con la complicidad de la extrema derecha y la socialdemocracia, pero también con la actitud colaboracionista o, al menos, desmovilizadora de las direcciones sindicales.

La UGT declaró, justo después de esta jornada de huelga general, que podría ser necesaria una segunda huelga si el gobierno seguía siendo intransigente en las cuestiones de fondo. Parece una actitud combativa, pero en realidad, antes de pronunciar una amenaza que no puede sostener sola, la UGT debería haber rechazado el papel de interlocutor único que le ofrece el gobierno. En el estado actual de cosas, y conociendo los antecedentes de la UGT, la amenaza de un segundo día de huelga solo puede considerarse como una retórica destinada a negociar algunas concesiones menores en la mesa de negociaciones.

La CGTP, por su parte, no se ha involucrado esta vez en la organización generalizada de piquetes de huelga, limitándose en muchos casos a apoyar solo los organizados por iniciativa de la base. Y durante la gran manifestación, joven y combativa, que convocó para ir ante el parlamento, se limitó a pronunciar sus discursos habituales para ser escuchada por la cabeza de la manifestación. Inmediatamente abandonó el lugar, mientras que las columnas de manifestantes seguían afluyendo durante varias horas, empujando por las estrechas calles para entrar en la plaza frente al parlamento. Al abandonar el lugar, la dirección de la CGTP también abandonó a los manifestantes que habían respondido a su convocatoria y que habían confiado en su dirección, dejándolos sin instrucciones, frente a la policía y a la merced de provocaciones que luego dieron lugar a una feroz represión policial.

Fuente: sinpermiso.info
Traducción: Enrique García