Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En los últimos treinta años, la acumulación de capital en India ha crecido gracias a la privatización, la expansión de las finanzas y una mayor conexión con las redes de producción globales. Esto ha ido acompañado de una reorientación estructural del Estado hacia la competitividad y las exigencias de los mercados financieros. La creciente flexibilidad del trabajo ha ido de la mano con una disminución del espacio democrático. Esto sugiere que la reestructuración económica y la gobernanza autoritaria no son cosas que ocurren por separado, sino que se apoyan entre sí. En este contexto, la huelga del 12 de febrero adquirió una importancia que superó el paro laboral inmediato: representó un intento de la clase trabajadora por intervenir colectivamente en una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable.

En varios casos laborales recientes, las observaciones judiciales se han hecho cada vez más eco de las preocupaciones sobre el clima de inversión y la eficiencia económica. Presentan implícitamente a los trabajadores organizados como obstáculos para el crecimiento y entran a menudo en conflicto con la jurisprudencia anterior, que se centraba en la dignidad del trabajo y la justicia social. Al mismo tiempo, gran parte de los medios de comunicación suelen presentar las protecciones laborales y la negociación colectiva como cargas normativas, presentando la flexibilidad como sinónimo de progreso. Este cambio en el discurso ha creado un terreno que influye en la justificación de la flexibilidad laboral.

En este sentido, el anuncio de los cuatro códigos laborales parece menos un cambio brusco de política y más la consolidación de una nueva orientación capitalista. Con el tiempo, las protecciones laborales han disminuido no por un solo evento, sino gracias a una serie de comunicados oficiales, cambios en la interpretación judicial y una relajación de las reglas. Los códigos agrupan estas transformaciones en una arquitectura jurídica coherente, otorgando sanción legal formal a una orientación que se venía consolidando gradualmente a través de la política y la práctica.

Las disposiciones que recalibran colectivamente el equilibrio de poder en el lugar de trabajo incluyen el endurecimiento de los procedimientos para la convocatoria de huelgas y el aumento de los umbrales para la aprobación previa de los recortes de plantilla. También incluyen la legitimación del empleo de duración determinada en todos los sectores y la modificación de las normas de reconocimiento sindical. Estos cambios llegan en un momento en el que el desempleo sigue siendo elevado y la informalización está muy extendida, lo que restringe la discrecionalidad de la dirección precisamente cuando el poder de negociación de los trabajadores ya se encuentra bajo presión.

esta huelga general dejó de ser un mero instrumento convencional de negociación industrial y asumió el carácter de un acto político llevado a cabo en desafío a un entorno jurídico cada vez más restrictivo

Por lo tanto, esta huelga general dejó de ser un mero instrumento convencional de negociación industrial y asumió el carácter de un acto político llevado a cabo en desafío a un entorno jurídico cada vez más restrictivo. Con las barreras legales cada vez mayores y la creciente amenaza de consecuencias penales asociadas a la acción colectiva, los trabajadores que se declararon en huelga no lo hicieron simplemente para presionar con sus reivindicaciones económicas, sino para reivindicar unos derechos democráticos que se están viendo mermados.

Esta huelga puede ser menos espectacular que otras en la larga historia de la clase trabajadora de la India, pero fue oportuna, necesaria y políticamente reveladora. Señaló que, incluso con marcos legales adversos y hostilidad institucional, sectores de la clase trabajadora conservaban la capacidad de actuar colectivamente.

 Reivindicaciones, alianzas y composición social

La plataforma conjunta presentó cuatro reivindicaciones principales: (a) la derogación de los cuatro códigos laborales y sus normas; (b) políticas que afecten a las garantías de empleo rural y reivindicaciones para la restauración y ampliación de la MGNREGA; (c) la retirada del proyecto de ley de modificación de la electricidad y del de semillas, y (d) abordar los salarios mínimos y las pensiones y revertir la precariedad y la privatización.

La huelga recibió el apoyo de Samyukta Kisan Morcha (SKM), sindicatos de trabajadores agrícolas, organizaciones de mujeres, organismos estudiantiles y grupos juveniles, lo que supuso una visible convergencia entre trabajadores y campesinos.

La huelga también tuvo lugar poco después de las observaciones orales realizadas por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, durante una audiencia celebrada el 29 de enero. En esta audiencia, según se informa, se describió a los sindicatos como factores que contribuyen a la ralentización industrial y a la reducción de la confianza de los inversores. Estas observaciones se convirtieron rápidamente en un punto de controversia para la oposición política en relación con la huelga. Los sindicatos respondieron mencionando el artículo 19(1)(c) de la Constitución, que asegura el derecho a crear asociaciones. También reafirmaron que el pago del salario mínimo es una obligación legal y constitucional, y no un obstáculo para crear empleo.

La participación abarcó un amplio espectro de la economía. Los trabajadores del carbón, el acero, la ingeniería y la fabricación de automóviles informaron de paros y manifestaciones, mientras que algunos sectores de la banca y las aseguradoras respondieron a la convocatoria de huelga. Los empleados de la generación y distribución de electricidad, junto con otras empresas de servicios públicos de energía, experimentaron diversos grados de paro laboral. También participaron los trabajadores postales y algunos segmentos de los servicios gubernamentales. Se observó una presencia notable entre los trabajadores de los programas sociales —incluidos los que participan en los sistemas ICDS, ASHA y de comidas escolares— junto con los trabajadores de beedi, los obreros de la construcción y numerosas personas del sector informal, lo que pone de relieve la amplia movilización que se extendió más allá de la mano de obra industrial organizada.

Las trabajadoras de los sectores informales tuvieron un papel destacado en los bloqueos de carreteras y ferrocarriles. Los estudiantes y las organizaciones juveniles se sumaron a las acciones para exigir la creación de empleo y la defensa de la educación pública.

La baja densidad sindical limitó los paros en el sector de las tecnologías de la información, pero las formaciones emergentes, como los sindicatos de empleados de TI/ITeS, movilizaron contingentes visibles en las principales ciudades.

 Interrupción de la producción: organización bajo restricciones

En los principales estados industriales, incluidos Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Bengala Occidental, Kerala, Telangana y partes del norte de la India, los sindicatos informaron de diversos grados de interrupción de la producción.

Los métodos tácticos de la huelga del 12 de febrero en las regiones industriales fueron una característica definitoria. En varios estados, los trabajadores se reunieron antes del amanecer para montar piquetes matutinos, interceptar el transporte que se dirigía a las fábricas y persuadir a los que eran llevados en autobuses de la empresa para que se sumaran al paro. En muchas puertas de las industrias, los miembros de los sindicatos se reunieron en multitud, situándose en las entradas y salidas y presionando a la dirección para que detuviera las operaciones durante ese día. En varias regiones, los trabajadores también se reunieron en cruces clave —autopistas, rotondas estratégicas y carreteras secundarias que conectan polígonos industriales— ralentizando o bloqueando el movimiento de mercancías y el transporte de las empresas. Estas intervenciones no se limitaron a fábricas concretas, sino que se llevaron a cabo en todo el cinturón industrial, lo que refleja la planificación previa y la comunicación entre los sindicatos para garantizar que la convocatoria de huelga se tradujera en una interrupción real de la producción y la distribución.

En varias regiones, los trabajadores permanentes participaron en gran número, mientras que los contratados a menudo se enfrentaron a presiones que limitaron su plena intervención, lo que refleja la profunda fragmentación estructural de la mano de obra de la India.

Los sectores manufactureros más afectados fueron el automovilístico, el de ingeniería, el electrónico y el farmacéutico. Los servicios de seguros y bancarios se vieron parcialmente interrumpidos. En las regiones mineras se registraron bloqueos de carreteras.

Los sindicatos demostraron su capacidad para perturbar significativamente los flujos de producción en las industrias dependientes de la cadena de suministro, incluso cuando no lograron un cierre total. Por lo tanto, la importancia del 12 de febrero no puede limitarse a la escala de participación o a la interrupción temporal de la producción, sino más bien a lo que revela sobre la coyuntura actual del capitalismo indio. En un momento en el que la acumulación depende cada vez más de la flexibilidad laboral, las relaciones laborales fragmentadas y el debilitamiento de la negociación colectiva, incluso las formas limitadas de paros coordinados adquieren un mayor significado político. La huelga puso de manifiesto una contradicción fundamental en la fase actual: mientras que el capital requiere una mano de obra disciplinada y atomizada, integrada en las redes de producción globales, la organización colectiva sigue perturbando ese proyecto mediante la persistencia y rearticulación de formas de acción colectiva.

 Los códigos laborales y la reestructuración del poder en el lugar de trabajo

Desde la aprobación de los cuatro códigos laborales en 2019-2020 y su notificación a finales de 2025, se han producido seis huelgas generales a nivel nacional. Los sindicatos sostienen que los cuatro códigos laborales han reestructurado colectivamente el equilibrio de poder en el trabajo a favor de los empleadores. Los códigos restringen efectivamente el derecho a la huelga al imponer requisitos de notificación obligatoria que activan automáticamente procedimientos de conciliación, lo que dificulta el proceso de las huelgas.

Al elevar el umbral de aprobación previa del Gobierno para los despidos, recortes de plantilla y cierres de 100 a 300 trabajadores, los códigos excluyen a la vasta mayoría de las fábricas del escrutinio regulatorio. Reconocer formalmente el empleo temporal, sin ofrecer garantías importantes, se ve como una forma de institucionalizar la precariedad. Además, cambiar y limitar quiénes pueden ser llamados «trabajadores» deja fuera a muchos técnicos y supervisores de la protección contra conflictos laborales. Al mismo tiempo, el Gobierno ha agravado varias infracciones graves de la legislación laboral, reduciendo así la responsabilidad penal a sanciones pecuniarias. Los sindicatos también señalan un control más estricto del registro, el reconocimiento y el funcionamiento financiero de los sindicatos, lo que, en su opinión, limita la organización independiente. Finalmente, aunque se habla mucho de la inclusión, los trabajadores temporales y de plataformas aún no son reconocidos como empleados formales. Esto los limita a recibir solo beneficios sociales en lugar de las protecciones laborales que les corresponden por derecho.

El proyecto de Política Nacional de Trabajo y Empleo (Shram Shakti Niti 2025) ha intensificado aún más la preocupación al redefinir al Estado como un «facilitador del empleo» en lugar de un garante regulador de los derechos laborales.

 La crisis industrial y la política de culpar a otros

Las protestas por los comentarios judiciales que culpaban a los sindicatos del cierre de industrias se convirtieron en el eje central de la huelga. De hecho, los datos de la Oficina de Trabajo refutan la afirmación de que la militancia sindical haya sido responsable del declive industrial. El número medio anual de conflictos laborales disminuyó de 354 entre 2006 y 2014 a solo 76 entre 2015 y 2023. Además, el número de días-hombre perdidos debido a huelgas y cierres patronales ha disminuido significativamente, cayendo en picado de 20,3 millones en 2006 a solo 0,34 millones en 2023.

Además, los datos parlamentarios del Ministerio de Asuntos Corporativos indican que más de 204 000 empresas privadas cerraron entre 2020-21 y 2024-25, una tendencia relacionada con la reestructuración, la insolvencia y las tensiones del mercado, más que con los conflictos laborales.

Recientemente, las tensiones industriales se han relacionado en gran medida con perturbaciones económicas estructurales, más que con acciones de la clase trabajadora. El doble impacto de la desmonetización y la apresurada aplicación del GST desestabilizó gravemente las cadenas de suministro y los ciclos de capital circulante, en particular para las pequeñas y medianas empresas. La fragilidad del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, que opera con márgenes reducidos, se ha visto aún más expuesta por el endurecimiento de las condiciones crediticias y los retrasos en los pagos. La prevalencia de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. corporativa a gran escala y los procedimientos de insolvencia en el marco del régimen de quiebras han puesto de relieve significativos problemas de sobreendeudamiento financiero y recuperación inadecuada, lo que indica debilidades en el capital más que disturbios laborales. Además, la creciente influencia del capital especulativo y financiarizado ha desviado recursos de las inversiones productivas. Estos factores se ven respaldados por una demanda interna persistentemente débil, impulsada por el estancamiento de los salarios y el alto desempleo, lo que limita la expansión industrial de forma mucho más decisiva que la actividad sindical.

 Desigualdad, poder estatal y espacio democrático

1 % más adinerado de la población india posee el 22,6 % de la renta nacional y el 40,1 % de la riqueza del país

La huelga se produjo en un contexto de creciente desigualdad económica. Según el World Inequality Lab (2024), el 1 % más adinerado de la población india posee el 22,6 % de la renta nacional y el 40,1 % de la riqueza del país, los niveles más altos registrados en décadas. En marcado contraste, la mitad más pobre de la población solo dispone del 15 % de los ingresos totales.

El desempleo juvenil sigue siendo grave. El empleo permanente sigue reduciéndose, mientras que los empleos precarios y por contrato se expanden. En estas condiciones, las protecciones laborales no son una distorsión, sino un equilibrio ante la concentración del poder económico causada por los patrones actuales de acumulación en una economía con gran concentración de riqueza y falta de seguridad laboral.

En varios estados, la policía impuso restricciones a las manifestaciones y detuvo a los manifestantes. En varias ciudades se denunciaron detenciones preventivas, barricadas y denegaciones de permisos para celebrar reuniones públicas. En algunas regiones, los gobiernos estatales gobernados por la oposición criticaron públicamente los códigos laborales y, al mismo tiempo, siguieron adelante con los proyectos de normas para aplicarlos, lo que puso de manifiesto las contradicciones políticas. La gestión de las protestas ha agudizado el debate sobre el espacio cívico, los derechos democráticos y el clima institucional al que se enfrenta el movimiento sindical.

 Lo que reveló el 12 de febrero

La huelga demostró que la clase trabajadora india aún conserva la capacidad de coordinar acciones a escala nacional, a pesar de años de fragmentación y restricciones legales. En varios sectores clave, la huelga tuvo un impacto industrial tangible, lo que pone de relieve que el poder estratégico de los trabajadores en los nodos críticos de la producción no ha desaparecido. La convergencia visible de los sindicatos con las organizaciones de agricultores supuso una articulación renovada de la unidad entre trabajadores y campesinos, ampliando la huelga más allá del marco industrial urbano. Las mujeres trabajadoras y las que tienen empleos informales y basados en planes tuvieron una presencia destacada, lo que refleja la composición social cambiante de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, la participación desigual de los trabajadores contractuales y precarios reveló la fragmentación estructural producida por décadas de precariedad.

la huelga no debe entenderse como un episodio aislado, sino como una expresión temprana de una fase más amplia de confrontación

Por lo tanto, la huelga no debe entenderse como un episodio aislado, sino como una expresión temprana de una fase más amplia de confrontación que probablemente se intensificará a medida que avancen la crisis económica y la reestructuración laboral. Forma parte de una confrontación histórica aún abierta entre los trabajadores y un Estado cada vez más alineado con el poder corporativo. La crisis económica se agrava —la desigualdad se acentúa, el desempleo juvenil persiste, el trabajo precario se expande— y, sin embargo, las protecciones laborales siguen erosionándose. La contradicción es estructural.

 Más allá de la protesta ritual

Al mismo tiempo, la huelga pone de manifiesto los límites estratégicos del actual movimiento sindical. Durante décadas, las estructuras sindicales burocratizadas han tratado con demasiada frecuencia las huelgas generales como manifestaciones ritualizadas de protesta, en lugar de como momentos de una estrategia sostenida de consolidación de clase. La repetición sin escalada corre el riesgo de quedar en una contención simbólica, mientras que la movilización sin profundización organizativa corre el riesgo de disiparse.

Si los códigos laborales representan la culminación de una larga ofensiva neoliberal, la resistencia no puede seguir siendo episódica. Debemos superar conscientemente la fragmentación entre trabajadores permanentes y contratados, sectores formales e informales, y mano de obra urbana y rural. La convergencia entre trabajadores y campesinos visible en esta huelga debe institucionalizarse, no solo celebrarse. Los nuevos sectores —trabajadores temporales y de plataformas, y empleados de TI— deben integrarse en una estrategia de clase unificada, en lugar de ser tratados como periféricos.

El auge de la extrema derecha es inseparable de la reestructuración de la fuerza laboral. La gobernanza autoritaria prospera cuando la clase trabajadora está dividida, desmoralizada u organizativamente vacía. Los sindicatos se enfrentan a la responsabilidad histórica de ir más allá de la protesta defensiva y reafirmarse como instrumentos de la lucha de clases democrática.

Que el 12 de febrero se convierta en una nota al pie o en un punto de inflexión no dependerá del número de autobuses detenidos o fábricas cerradas, sino de lo que suceda a continuación. La realización de esas posibilidades dependerá más de la capacidad del movimiento obrero para reconstruir formas duraderas de organización, que de acciones temporales, en un contexto cada vez más hostil para la acción colectiva.