Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En este contexto se evidencian las barreras a la implementación de los acuerdos, por parte de los poderes enquistados en el país y que propenden por la aniquilación definitiva del acuerdo postergando el oprobio al pueblo colombiano y sumergir a las clases subalternas a los mayores vejámenes, como la sobreexplotación de su fuerza de trabajo y la profundización de un modelo económico basado en el extractivismo como sobrexplotación de la naturaleza que como totalidad ejemplifica el estado más puro del sistema capitalista en su escalón Neoliberal.

Es así como abordaremos someramente en primer lugar, el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana; en segundo lugar, la manutención de las violencias en el país; en tercer lugar, las elecciones de congreso y la primera vuelta presidencial; y, por último, las distintas manifestaciones del bloque del poder dominante ante el contexto internacional.

1. La implementación de los acuerdos de La Habana: Una pequeña transformación que incomoda a los poderes clásicos en Colombia.

Desde el inicio de los diálogos en el año 2012 hasta la actual etapa de implementación de los acuerdos de La Habana en el año 2017-2018 se ha evidenciado como este proceso neurálgico para el pueblo colombiano ha sido entorpecido por las distintas críticas dirigidas por el bloque del poder dominante en Colombia, encabezado por el Centro Democrático y liderado por Álvaro Uribe Vélez, que tiene como sustrato material de su actuar la posesión de tierras como fuente de poder político Estatal y paraestatal.

Los 6 puntos de los Acuerdos de La Habana (1. Desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución de problemas de las drogas ilícitas, 5. Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y, 6. Implementación, Verificación y Refrendación), tienen como propósito el tránsito de la sociedad colombiana de un modelo de resolución de conflictos basado en la violencia física hacia la construcción de una sociedad activa y propositiva, donde se transite de un poder totalitario y excluyente hacia la apertura política de los movimientos sociales y políticos progresistas, donde se cimiente a partir de la diferencia y no desde la estigmatización, criminalización y desaparición del otro, y se fabrique un nuevo escenario político que permita las transformaciones económicas necesarias para alcanzar la tan anhelada justicia social y ambiental en el país, entre otros procesos democráticos básicos que en nuestro país han sido reprimidas y cercenadas históricamente.

Tras el No en el plebiscito por la Paz en el año 2016, donde gran parte de los colombianos, mediados por la violencia física, estructural y simbólica por parte del Centro Democrático y su influencia en los medios masivos de comunicación -en particular el canal RCN-, fueron moldeados en la opinión pública sobre los Acuerdos de Paz, generando un sin número de mentiras y profundizando posiciones maniqueas en la sociedad, donde las FARC-EP y cualquiera a favor de los diálogos constituían un enemigo potencial.

También se debe observar el poder que tiene el partido de la guerra y bloque de poder en la represión física en los territorios, la represión simbólica a partir de las constantes tergiversaciones de los acuerdos, la potenciación de las distintas contradicciones entre justicia social y la represión económica; que se encabezan a partir de las políticas gubernamentales de Juan Manuel Santos en sus dos periodos y que fueron diseminadas a los acuerdos como fuente de legitimación causando malestar y recelo en la sociedad, estas políticas gubernamentales -unilaterales- fueron apeladas por el centro democrático como caballito de batalla para combatir los acuerdos, aunque estas tuvieran consonancia con el partido de la guerra -Centro Democrático- que se distanció de manera discursiva para favorecer sus intereses inmediatos, aunque en la economía política tanto Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no se distancian un ápice.

Tras la disputa entre la refrendación de los Acuerdos de Paz y las diferentes negociaciones alrededor del alcance del mismo, se consolidó un acuerdo mucho más limitado pero que mantenía algunas de las políticas de transformación de la sociedad basada en el miedo y la violencia como resolución de los conflictos hacia una sociedad con la posibilidad de la esperanza y la construcción política amplia.

Aunque se avanzó en la implementación de los acuerdos bajo la figura del FAST TRACK, que es un poder especial del Estado para generar transformaciones rápidas en los sistemas normativos en el país, este no tuvo el suficiente apoyo en el Congreso de la República para generar las transformaciones emanadas de los acuerdos, mientras que si fue utilizada como política unilateral del gobierno para aumentar la represión económica a espaldas de su configuración originaria, añadido a esto la férrea oposición tanto por el partido de la guerra -Centro Democrático- como por otros partidos aledaños a este, que más adelante se observaran como conjunción del bloque de poder concretado en la campaña del Centro Democrático para las elecciones presidenciales.

Los siguientes son algunos de los puntos específicos de los acuerdos que no han avanzado satisfactoriamente “(-…) La reforma al sistema de alertas tempranas, los mecanismos de control y veeduría ciudadana, reformas a la ley de víctimas y restitución de tierras, la reforma rural integral y leyes contra la corrupción” (Fundación Paz y Reconciliación , 2017, pág. 96) entre otras políticas que afectarían directamente al bloque de poder y abrirían un espacio de disputa por el devenir del pueblo colombiano.

Según el Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz para el 4 de enero de 2018 tan solo se llevaba un 18,3% de la implementación del acuerdo, un indicador preocupante si se evidencia que el año 2018 no tiene como fin la implementación del mismo sino la disputa electoral tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República, lo cual frenó la implementación y postergó estas hacia el nuevo Congreso y Gobierno. (Redacción política, 2018)

Es necesario atestiguar como el avance parcial de los acuerdos han sido derivaciones de la buena voluntad de parte de las FARC y no desde el Gobierno con sus constantes vaivenes, demostrando el compromiso y evidenciando que el avance en la implementación en mayor medida ha sido garantizado por las transformaciones y cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC y no así mismo por parte del gobierno y el Estado colombiano.

La implementación ha vivido grandes obstáculos, por ejemplo y el más preocupante los dirigidos hacia las FARC, como es el asesinato de decenas de militantes desde el pacto, la estigmatización de su propuesta política y social, la criminalización de sus representantes como el caso de Jesús Santrich y la fuerza de un Fiscal General de la Nación a favor de las fuerzas más oscuras del país [1] que hace de verdugo y que reconfiguró el principio legal colombiano de que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario hacia todos con culpables hasta que se demuestre lo contrario.

En la siguiente grafica se pone de manifiesto los avances de la implementación, discriminados por los 6 puntos del acuerdo de Paz en Colombia.

Gráfica 1 ¿En qué va la implementación normativa del Acuerdo de Paz?

Extraído de (Observatorio de Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, 2018, pág. 9)

Como conclusión de este apartado se puede constatar como la implementación de los acuerdos están en un momento crítico ante la baja correlación de fuerzas en el congreso derivadas de los resultados de las elecciones del 2018 y la posibilidad de que llegue al gobierno el partido de la guerra, el Centro Democrático, que encarna el continuismo de la violencia como fuente política, lo que más adelante analizaremos. Los 6 puntos son fundamentales y base para la transición hacia la construcción de una sociedad nueva en Colombia.

“Según el Igac, la desigualdad en la tenencia de predios en el campo, medida por el coeficiente Gini (en donde 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad), es en promedio del 89,7 por ciento (el Igac aplica esta fórmula con porcentaje). Esto simplemente ratifica que Colombia tiene mucha tierra rural, pero en pocas manos” (El Tiempo, 2016)

Es preocupante como el primer punto, la denominada Reforma Rural Integral, tan solo lleva el 5% de implementación, problemática que vendría a aliviar la endémica desiguales en acceso a la tierra en el país, manifestando como esta exclusión de la tierra es fuente del conflicto histórico de nuestra nación, así mismo y en consonancia el paupérrimo avance del 19% del punto segundo la participación política consolidando y afirmando la estirpe excluyente en nuestra sociedad.

2. La perpetuación de la violencia en el país tras el acuerdo de paz.

Tras las negociaciones y el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- se ha observado un descenso en los asesinatos en el país derivados del conflicto y se ha evidenciado la disminución de otros indicadores de la violencia física en el país como se exhibe en el siguiente extracto:

“En términos generales la violencia asociada al conflicto ha descendido desde 2012, cuando se inició el proceso de paz. Entre 2012 y 2016 la reducción de homicidios a nivel nacional fue de 3695 vidas, mientras que en los 281 municipios focalizados para el postconficto la reducción fue de 957 vidas, nótese que el 27% de la reducción en muertes violentas ocurrió en los municipios de postconflicto” (Valencia Agudelo, 2017, pág. 10)

Gráfica 2 Homicidios en Colombia entre 2010 y 2016

Grafica extraída de (Valencia Agudelo, 2017, pág. 22)

Si bien como se evidencia en la anterior grafica existe un descenso de los homicidios a nivel nacional desde el año 2012, esta violencia se ha trasladado hacia el asesinato selectivo de líderes y lideresas sociales alrededor del país como fuente de postergación de los poderes anquilosados por el partido de la guerra, que pretende aniquilar las vocerías sociales que hacen de nodo ante las diferentes manifestaciones de resistencia que se tejen en el territorio impidiendo la articulación y construcción de alternativas en el país.

“A dos años de la firma del acuerdo con las Farc, el coletazo de violencia más fuerte detonó, paradójicamente, en los encargados de promover la paz en las regiones. El incremento en los asesinatos hizo inocultable la realidad: mientras en el 2013, la Defensoría del Pueblo reportó 35 casos; esa estadística contrasta con la entregada por la Fiscalía ante las Naciones Unidas: entre el 2016 y el 2018 se presentaron 261 crímenes” (Semana, 2018)

Según las últimas cifras a partir de la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 300 líderes y lideresas sociales en el país, muchos de ellos y ellas comprometidas con la reconciliación del país y la construcción activa de la paz desde los territorios.

Estos asesinatos selectivos tienen como fin entre otros: a) la aniquilación física de las vocerías de los movimientos sociales y políticos en el país; b) la construcción de una violencia simbólica a partir del terror a representar y luchar por una vida digna; c) el silenciamiento de la violencia estructural que se tejen en el territorio tanto institucionales como parainstitucionales; y, d) la desarticulación de los procesos de resistencia territoriales y subyugación de la sociedad a las maquinarias de los partidos de la guerra.

Esta violencia selectiva ha recaído en los excombatientes de las FARC y sus familiares como repetición de la historia de los diferentes movimientos, que han pactado acuerdos con el gobierno y como los innumerables genocidios como practica social de pacificación del partido de la guerra para mantener su hegemonía y replicar sus relaciones de oprobio.

Ante la desarticulación de la FARC-EP como una fuerza armada varios territorios han quedado a la merced de nuevas bandas criminales y/o paramilitares que manteniendo su perfil de exportación de alucinógenos y con evidentes redes en la política nacional han tenido un crecimiento exponencial en el país con la mistura de estas estructuras con diferentes carteles mexicanos en complicidad y/o convivencia con las fuerzas estatales.

Aunque la violencia física se ha reducido como cifra, existe la problemática de que el gobierno de Juan Manuel Santos sigue profundizando la violencia estructural en los siguientes aspectos: a) por medio de una mayor imposición tributaria a las clases subalternas mientras se reducen los impuestos a los grandes capitales, B) el salario mínimo de los y las colombianas no aumenta con relación a las necesidades de la sociedad ni tan solo para mantener el poder adquisitivo del periodo anterior, ejemplificando una mayor explotación laboral y, c) continúa con las políticas de despojo de territorios a favor de las grandes multinacionales extractivistas, configurando un aumento de la violencia estructural bajo la argumentación y único legitimador de la construcción de la paz en el país, lo que no corresponde con el acuerdo de paz ni con las necesidades de las clases populares, que son las que han vivido y viven el conflicto en el país.

Así mismo, se vive un incremento exponencial de la violencia simbólica por medio de la expedición de un código de policía totalmente autoritario, los casos de falsos positivos judiciales como forma de causar terror y estigmatizar el pensamiento crítico, la intensificación de los medios de comunicación como jueces y fiscales que construyen una opinión publica mediada por los intereses del bloque de poder y partido de la guerra, entre otras dinámicas desoladoras.

3. Las elecciones de congreso y la primera vuelta presidencial en Colombia un despertar y un porvenir de lucha.

Las elecciones del 11 de marzo del año 2018, tuvo como fin la selección de los congresistas; representantes a la cámara y al senado en Colombia, que tendrá la potestad para continuar o no con la implementación de los acuerdos de paz, tendrá que decidir el rumbo económico del país ante una crisis económica, bajo la justicia socio-ambiental o bajo la economía ortodoxa y las Instituciones Financieras Internacionales que exigen que reducir el gasto público, concebir una nueva reforma tributaria de corte regresivo e indirecto, una reforma pensional como fuente de sobreexplotación del trabajador, una reforma laboral para generar mayores condiciones al capital en contra posición a los trabajadoras, entre otras políticas totalmente preocupante.

El pasado marzo las votaciones giraron en torno a la aceptación/rechazo de los acuerdos de paz en el país, estas elecciones siendo regionales y basadas en poderes locales manifiestan los poderes de las llamadas maquinarias políticas regionales que derivan su poder político más que económico de la tenencia de la tierra en una reminiscencia feudal. El siguiente es el mapa del Senado discriminado por partidos.

Gráfica 3 Votaciones para el senado de la república

Grafica extraída de (Clavijo, 2018)

Las primeras dinámicas que se pueden observar es que estas son las primeras elecciones desde el acuerdo de paz arrojando una disminución de la abstención de un 56% a un 51% constatando la ampliación de la democracia representativa en el país. Por otro lado, se evidencian las 5 curules derivadas de la negociación, dirigidas hacia las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común FARC que tendrán la tarea de la defensa de los acuerdos y la concatenación con las fuerzas progresistas en el congreso. Aunque las anteriores dinámicas son fructíferas para el país, se observó un porcentaje alto de votos nulos, no marcados y blancos que representan el 18% de los votos totales expresando la baja pedagogía y/o la incomprensión de los tarjetones por el pésimo papel de la registraduría.

“Para el Senado, el mayor número de curules las obtuvo el Centro Democrático de Uribe-Duque (19 de un total de 107) y Cambio Radical de Vargas Lleras (16 curules) (…) Mientras que el Centro Democrático perdió un escaño frente a 2014-2018, Cambio Radical ganó 7. A su vez, el Partido Conservador perdió 3 escaños (cayendo a 15 curules) y el Liberal perdió 3 (cayendo a 14), mientras que el Partido de la U (tras 8 años en el poder) perdió 7 curules (cayendo a 14)” (Clavijo, 2018)

Con base en el anterior extracto del análisis cuantitativo de las elecciones del senado para el año 2018 se observa como los partidos denominados como derecha y centro derecha en el país, y que han gobernado bajo la corrupción, los falsos positivos, la estigmatización del pensamiento crítico, el autoritarismo y las violencias como fuente de gobernabilidad mantienen más del 70% en esta institución, algo preocupante para el proceso de posconflicto y para el porvenir de la dignidad de las clases populares.

Gráfica 4 Cámara de representantes para el periodo 2018-2022

Grafica extraída de (Caracol, 2018)

Continuando con el análisis en la Cámara de representantes se observa algo semejante con más del 80% en posesión de las derechas en Colombia. Estas dinámicas evidencian como las maquinarias políticas de los partidos tradicionales y con grandes cuestionamientos en todos los aspectos continua con gran poder en las elecciones para el congreso de la república y como más adelante evidenciaremos no tanto así en las elecciones a presidente.

Este Congreso de la República se ve totalmente contrario a las necesidades y reivindicaciones de las clases populares en el país, aunque se debe constatar el crecimiento de la gama de las izquierdas y partidos demócratas en el país con la consecución de algunas curules lo que evidencia una pequeña fisura en el bloque de poder y en el partido de la guerra, un declive de sus hegemonías aplastantes en el pasado.

Para las elecciones de presidente para el periodo 2018-2022 en el país se observa la disputa entre dos grandes fracciones complejas que se pueden pedagógicamente referir a los partidos de la paz encabezados por Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo y los partidos de la Guerra Iván Duque, German Vargas Lleras.

El partido de la paz como bloque debe ser discriminado ante las posiciones políticas no solo a favor de la continuidad de los acuerdos de La Habana sino también por sus propuestas en los temas Económicos, Políticos, Sociales y Culturales.

Encontramos las posiciones más a la izquierda o progresistas con Gustavo Petro, que tiene como plataforma la profundización de la democracia, bienestar de la sociedad, reformas de corte proteccionista redistributivas, políticas de sustentabilidad y sostenibilidad de los sistemas productivos con la naturaleza, entre otras dinámicas que se pueden catalogar como políticas progresistas de corte neodesarrolllistas.

En el espectro más moderado se ubican a Humberto de la Calle, exnegociador de los acuerdos de paz y, Sergio Fajardo, quienes mantienen las políticas ortodoxas del sistema con pequeños matices y centran sus políticas a la contención y/o lucha a la corrupción como factor y no como sistema, una mirada reduccionista de la problemática de la corrupción.

Gráfica 5 Primera vuelta para presidente del 2018-2022 en Colombia

Grafica extraída de (El Tiempo, 2018)

Estas elecciones están caracterizadas por la disputa entre el partido de la paz y de la guerra donde los candidatos del Centro Democrático, Iván Duque -peón político de Álvaro Uribe Vélez- y Gustavo Petro, se enfrentan por la manutención del sistema retardatario colombiano o una nueva perspectiva de nación basada en una Colombia humana respectivamente.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2018, primera vuelta, demostraron, según la siguiente ilustración, como en el discriminado por departamentos las regiones periféricas se inclinaron por Gustavo Petro, un solapamiento con el apoyo a la refrendación a los acuerdos de paz en el plebiscito 2016, regiones que han vivido históricamente el conflicto, sus causas y consecuencias; como son la exclusión de la vida política, despojo de territorios por la vía de las violencias, sobrexplotación de sus fuerzas de vida y de la naturaleza, la manutención de la hegemonía de los partidos de la guerra por las violencias, la segregación por pertenecer a pueblos étnicos, el sector LGBTI, los campesinos, los pensadores críticos, entre otras capaz discriminadas y subyugadas por los poderes enquistados y retardatarios del sistema capitalista periférico colombiano.

Mientras que el apoyo a Iván Duque se centra en su mayoría en el centro del país y en el control y hegemonía de las maquinarias políticas del Centro Democrático como lo son los llanos orientales del país y el departamento de Antioquia, fortín político del Centro Democrático. Estas regiones son subyugadas por las manifestaciones de las violencias que construyen un voto bajo una conciencia mediada por los medios masivos de comunicación.

También dentro de la baja comprensión de las propuestas políticas derivadas de la intensificación de las descalificaciones del partido de la guerra hacia el partido de la paz, la comprensión de que los Acuerdos de Paz son el reflejo de la desigualdad y de la pobreza en el país y no de un proceso unilateral del gobierno que no tiene nada que ver con el acuerdo, el fomento de un miedo a las propuestas de renovación de Gustavo Petro recurriendo a un constructo de odio y miedo a un supuesto castro-chavismo empobrecedor, totalitario, intransigente y violento que se difumina en un odio acérrimo a cualquier idea de socialismo y comunismo en el país.

Gráfica 6 El mapa de la primera vuelta presidencial periodo 2018-2022 discriminado por departamentos

Grafica extraída de (El Tiempo, 2018)

La primera vuelta arroja algunos indicadores:

1. Las maquinarias políticas de los partidos de la guerra fueron insuficientes y/o han declinado su poder ante una avalancha por la adhesión del pueblo al partido de la paz en las elecciones presidenciales, donde Iván Duque y Vargas Lleras, partido de la guerra, en sumatoria obtuvieron una votación de 8.977.533 mientas que Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Humberto de la calle el bloque, difuso y complejo, del partido de la paz obtuvieron como sumatoria 9.840.130 votos.

2. Las votaciones hacia Gustavo Petro con 4.851.254 votos ha sido las más altas en el país de un partido denominado de izquierdas, demostrando la ruptura de la hegemonía del partido de la guerra, y las previas y póstumas matizaciones discursivas hacia una justicia social desdibujada que tendrán que hacer el partido de la guerra para ganar electores y que en tiempos de antaño no sería problema debido a su hegemonía a partir de las violencias.

3. Aunque el partido de la paz supera en electores al partido de la guerra, esta dinámica no es automática y las diferencias entre las distintas posturas en el partido de la paz conllevara que la disputa por las elecciones se mucho más cerrada y aunque Gustavo Petro no alcance la presidencia si se constata la configuración de un sustrato social que está dispuesto a luchar por la justicia socio-ambiental y que debe seguir activando la concientización del pueblo colombiano y la desarticulación de la hegemonía del partido de la guerra.

4. En las presentes elecciones por fin se discute las propuestas de transformación de la sociedad, puesto que en antaño las dinámicas económicas, políticas y sociales eran mucho más homogéneas, ruptura causada por las necesidades de las clases populares recogidas por el partido de la paz y la ampliación de la democratización a partir del acuerdo de paz.

Como conclusión de este apartado es posible evidenciar como el partido de la guerra se viene debilitando poco a poco derivado de la ampliación de la democracia y de las disputas de clase, pese a las políticas de las violencias estatales y paraestatales. Mientras que se configura un partido de la paz desde la unidad de las clases populares donde las márgenes moderadas del partido -Sergio Fajardo y Humberto de la Calle- se desmarcan de la transformación de la estructura del sistema y mantienen un discurso de ambigüedad, en donde el contexto apremia una transformación.

4. Las manifestaciones del bloque de poder – Partido de la guerra en el aspecto internacional.

Existen diferentes manifestaciones en el bloque de poder, encontramos a partir de un análisis estructural de la sociedad la diferencia entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe que demuestra una fractura en dicho bloque, dos expresiones del mismo sistema capitalista; el primero desde una actualización del sistema acabando las relaciones semi-feudales presentes en el sistema socio- económico capitalista y el segundo la preservación de estas relaciones como fuente de poder y hegemonía política. [2]

Aunque Juan Manuel Santos, presidente actual de Colombia, y una fracción en el bloque de poder colombiano se distancien de las políticas más retardatarias presentes en el país y encabezadas por Álvaro Uribe Vélez, esto no quiere decir que representen una transformación de fondo del sistema sino su actualización. Transformaciones como la transferencia del centro o nodo de las violencias desde el peso en la violencia física hacia el peso en la violencia estructural y simbólica, el paso de la tenencia de tierra como factor político hacia la tenencia de tierra como fuente de producción económica, entre otras dinámicas que se diferencian sin desmarcarse de la clase que representan.

Esta actualización, si se puede decir así, del sistema y el socavamiento de las relaciones semi-feudales en el país, tiene como fin la preponderancia de la violencia estructural y simbólica como fuente de hegemonía y control social, por medio de normas que consoliden relaciones y permitan naturalizar las formas de violencia estructural y su profundización, explotación, despojo y opresión.

Esta actualización es una forma de legitimación y de reestructuración de un sistema a nuevos proyectos y resistencias que se proponen alternativas en el país, respondiendo a los nuevos contextos de hegemonía y su consolidación por medio de la coerción y menos desde la coacción, aunque siempre se tenga como base esta última.

Es por esto, que en los procesos económicos tanto en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no se distancian un centímetro, mientras que si en los procesos de resolución de los conflictos y en el enfoque de manutención social. Es así como no debemos perder de vista que la paz no es el mero fin del conflicto, sino que refiere muchas más cosas como las trasformaciones que en parte son encabezadas por Gustavo Petro las cuales si bien no rompen totalmente con el sistema, abre espacios para la disputa y nuevo relacionamiento de las clases populares como sustrato de un empoderamiento de las mismas.

Son políticas que golpean a la acumulación improductiva de la tierra donde al mismo tiempo se genera una dignificación del campo y de los campesinos y campesinas. Políticas que no solo implementan cambios del sistema, sino que piensa en bienestar y gratuidad de los derechos fundamentales de los y las colombianas que chocan directamente con el sistema de reproducción del sistema. Es el choque de un bienestar social contra el sistema neoliberal de ampliación de la desigualdad y la lucha por la apropiación del excedente.

Es así como en Colombia encontramos un Gobierno que implementa el dialogo con las guerrillas como fin del conflicto armado e impone una guerra franca desde los salarios, impuestos, gastos, entre otros y en el campo internacional por ejemplo acaba de integrar la OTAN Organización del Tratado del Atlantico Norte
OTAN Este organismo asegura a los Estados europeos la protección militar de los Estados Unidos en caso de agresión, pero, sobre todo, ofrece a los Estados Unidos la supremacía en el bloque occidental. Los países de Europa Occidental aceptaron la integración de sus fuerzas armadas en un sistema de defensa puesto bajo el mando estadounidense, reconociendo de hecho la preponderancia de los Estados Unidos. Fue fundada en 1994 en Washington, y pasó a un segundo plano acabada la guerra fría. En el año 2002 se componía de 19 miembros: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, a los que se sumaron Grecia y Turquía en 1952, la República Federal de Alemania en 1955 (sustituida por la Alemania unificada en 1990), España en 1982, Hungría, Polonia y la República Checa en 1999. -Organización del Tratado del Atlántico Norte- cancerbero del sistema imperial y presencia de facto de las relaciones de imposición de la violencia física a los países con políticas alternativas o que no se circunscriben en el sistema hegemónico.

También su ingreso a la OCDE Organización de Cooperacion y Desarrollo Economicos
OCDE Creada en 1.960 y con sede en el Château de la Muette en París, la OCDE agrupaba en el 2.002 los quince miembros de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia; en América del Norte, Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entre 1.994 y 1.996, ingresaron tres países del Tercer Mundo: Turquía, candidata a entrar también a la Unión Europea; México, que con sus dos vecinos del Norte forma el ALCNA o NAFTA; Corea del Sur. Desde 1995 se han sumado tres países del ex bloque soviético: la República Checa, Polonia y Hungría. En el año 2.000, la República Eslovaca constituyó el miembro número treinta.
Lista de los países miembros de la OCDE por orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
Sitio web : que condimenta su ingreso a la OTAN como respuesta a una disposición de que Colombia sea fuente de una supuesta pacificación de la región y la aniquilación por vial de la violencia estructural y física de los gobiernos progresistas y de los movimientos que a partir de estos procesos mantiene y profundizan sus exigencias.

Frente a este escenario de la segunda vuelta, en el país se observa la esperanza de las personas que queremos un cambio de nuestra sociedad frente a un ataque sobredimensionado por parte del bloque de poder dominante y quienes se consideran parte de él, como se ha evidenciado en las entrevistas hechas al candidato de la Colombia Humana por los medios de comunicación oficiales.

Estas han sido, y serán, semanas en donde el pueblo colombiano somos testigos de cómo se van conformando dos bloques de cara a la segunda vuelta: de parte de quienes apoyan a Duque, los partidos tradicionales – en realidad algunas de sus fracciones- y los representantes de la corrupción y las violaciones sistemáticas de derechos humanos y sociales; y, quienes se han unido en torno a la construcción de la plataforma de la Colombia Humana, que han atendido al clamor del pueblo y han superado incluso sus más profundas críticas en pro de una construcción conjunta de una transformación del país y de su sociedad. Esperamos que el 17 de junio en horas de la tarde se evidencie el poder del pueblo por sobre ese bloque de poder dominante, que seamos los oprimidos, explotados y las comunidades en defensa de su territorio quienes nos veamos representados en el nuevo gobierno electo.

Bibliografía

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Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. . Bogotá-Colombia: OIAP.

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