Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Posteriormente, son esos mismos bonos los que 2002 cayeron en default, y que luego fueron adquiridos por los denominados “fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. ” a muy bajo precio, con la intención final de reclamar el 100% del valor nominal ante los juzgados de Nueva York, previa decisión de no entrar en el Canje (2005/2010). Estos bonos, y los que continúan emitiéndose, contienen cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros que implican una entrega inconstitucional de nuestra soberanía.

Todas las administraciones desde 1983 hasta hoy, al intentar administrar el problema de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. sin cuestionarla, dejaron una deuda mayor a la recibida, ya que la deuda es un sistema usurario, donde el deudor apenas logra cumplir con los vencimientos de intereses, refinanciando siempre el total del capital.

Y de esta manera, llegamos a la situación actual. Agotado el endeudamiento intra-Estado de los últimos años, el macrismo retoma el camino a los mercados externos para poder endeudarse y así, entre otras cosas, poder seguir pagando deuda. Sea cual fuere el signo político del gobierno, la cuestión ha sido hasta ahora “honrar” la deuda, pasando por alto sentencias judiciales e investigaciones que probaron, claramente, su ilegalidad e ilegitimidad.

En cuanto al acuerdo con los buitres en sí, el costo financiero del mismo es enorme. Tal como afirma el especialista en la materia, Héctor Giuliano, “…a la masa impagable de deuda pública heredada de la gestión Kirchner – más de 300.000 MD (Millones de Dólares) - se sumará la emisión de nuevos bonos para pagar los juicios y reclamos de los holdouts con toma de más deuda (por 15-20.000 MD)”. [1]

Pero además del costo financiero, el conflicto con los “fondos buitre” muestra la íntima relación entre deuda y libre comercio. La declarada intención del Gobierno Nacional de celebrar diversos acuerdos de libre cambio le ha valido el favor de las grandes potencias e instituciones financieras internacionales, quienes rápidamente han salido a manifestar su predisposición en favor de un acuerdo con los “fondos buitre”. En tanto el deudor lleve adelante la agenda liberalizadora del capital trasnacional, el poder mundial le “facilita” el manejo de la deuda a través del acceso al financiamiento externo.

Desde ATTAC - Argentina - CADTM AYNA, proponemos la suspensión de los pagos de la deuda pública hasta tanto una Auditoria Integral, con participación ciudadana, determine qué tramos de la misma son legales y legítimos y cuáles son una estafa que debe ser repudiada. Contamos para ello con el invalorable aporte realizado por Alejandro Olmos en la denominada “Causa Olmos”, la cual determinó la existencia, durante el período 1976-1982, de más de 470 operaciones de deuda que eran delictivas. Se trata del primer paso para neutralizar una herramienta financiera que succiona nuestras riquezas y que en manos del capital trasnacional se transforma en instrumento disciplinador para imponer en conjunto un paquete de medidas neoliberales antipopulares, entre otras: despidos, austeridad, tratados de libre comercio, privilegios a las inversiones extranjeras y menos derechos para nuestra población.

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