Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Los datos son muy explícitos. La parte pública es ahora el 30%, mientras que la privada es ahora el 70%. La deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. privada se ha reducido en 720.000 millones, mientras que la deuda pública ha aumentado exactamente 730.000 millones, casi la misma cantidad.

Las políticas de austeridad no sirven para reducir la deuda total, ni para relanzar la economía y crear empleo, como admite el mismo FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : en un artículo recién publicado [4], sino para transmitir deuda privada a deuda pública así como reducir los derechos económico y sociales conquistados con duras luchas. Es sencillo, el aumento la deuda pública ha sustentado los beneficios de las grandes empresas y bancos del IBEX y les ha permitido que recompongan sus maltrechos balances, muchos de ellos aún en quiebra, reduciendo sus deudas a través de estos mecanismos de transmisión macroeconómicos.

Sufrimos un gran despliegue de tales mecanismos, entre los que destacan el proceso agresivo de recortes en la provisión de servicios sociales públicos, sector que está ocupando el capital privado; las privatizaciones; las reducciones salariales y de derechos laborales en toda la economía; los subsidios, ayudas y avales a grandes empresas, en especial del IBEX; una fiscalidad regresiva basada en la permisivadad con el fraude y la elusión impositiva de grandes empresas y grandes fortunas; los rescates a la banca; y los arreglos monetarios de la Eurozona, que obligan a los Estados a financiar sus déficits a través de los mercados financieros (siendo los grandes bancos españoles los grandes beneficiados).

Cabe aclarar que la reducción de la deuda de los hogares, se ha llevado a cabo, no con subvenciones a este sector económico, sino todo lo contrario. Esta reducción se ha producido a través de distintos procesos, entre los cuales están las ejecuciones de hipotecas morosas, que han cancelado deudas a cambio de la expropiación de viviendas por parte de los bancos, y de la no provisión de nuevo crédito, cosa que después de 8 años reduce el saldo total de su deuda, al ir los hogares cumpliendo con los pagos.

A pesar de los datos mostrados, el consenso neoliberal que gobierna los países de rentas altas, como el nuestro, no atiende a hechos, y continúa utilizando la deuda pública como pretexto moral para justificar el ataque a los derechos de la mayoría de la población. Según la narrativa dominante la deuda pública resulta de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto sucede en paralelo a que día tras día, descubramos que los partidos políticos gobernantes en el Estado en las últimas décadas han desplegado grandes redes clientelares, en muchos casos delictivas, que han financiado ilegalmente sus partidos, servido para cobrar comisiones ilegales, o malversado dinero público atribuyendo sobrecostes a obras y servicios provistos por empresas que formaban parte de estas redes, todo ello generando deuda ilegal.

Además los bancos y grandes empresas, que se han enriquecido a través de las mismas redes clienterales de los partidos políticos, y que una vez empezada la crisis han recibido cantidades masivas de dinero de los contribuyentes, expulsan a familias que se han empobrecido durante la crisis de sus hogares por no poder pagar sus hipotecas a tiempo, y demandan públicamente en la prensa y en foros públicos que se reduzcan los derechos de los trabajadores por el bien de la economía, mientras los mismos que realizan las declaraciones reciben remuneraciones millonarias. Los rescates y los intereses sobre la deuda pública que el Estado le ha pagado a la banca desde el 2008 superan los 120.000 millones de euros, más del 12% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. , lo que supone casi el doble de los recortes realizados o 4 veces la cantidad actual de dinero del fondo de las pensiones. Estas cantidades enormes de dinero público destinados a mantener la banca en manos privadas son un ejemplo claro de lo que podría llegar a considerarse deuda ilegítima.

Por otra parte, las leyes y tratados para cronificar la austeridad fiscal han generado, además de una pérdida de poder político general de las administraciones públicas, una recentralización de este poder. El Pacto Fiscal Europea de 2012, establece que los Estados de la UE pueden ser multados si superan el límite de déficit del 3%, por lo que su capacidad de aplicar políticas fiscales expansivas en tiempos de crisis queda completamente eliminada y la fiscalidad pasa a ser estrictamente monitarizada desde Bruselas. A nivel nacional, el cambio del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda pública por encima de cualquier otra obligación social del Estado vulnera los principios fundamentales de la misma Constitución Española, viola la Carta Social Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que el cambio realizado por PSOE y PP en 2011 debe ser abolido. Además la aprobación e implementación de leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local están mermando la capacidad política y democrática de las administraciones autonómicas y locales, asfixiándolas financieramente, endeudándolas y finalmente propiciando su intervención por parte del gobierno central, a través de reducir su financiación en un momento en que estas administraciones se ven obligadas a mantener o aumentar los servicios públicos prestados para amortiguar el impacto de la crisis. Estos servicios en ocasiones son competencia de la administración central, la cual actuando de forma irresponsable o malintencionada no los lleva a término, obligando a las administraciones autonómicas y locales a cargar con su peso sin los recursos para hacerlo.

La tónica se repite a lo largo y ancho de la Unión Europea. Estados como Grecia o Chipre han sido convertidos a base de injerencias externas de la Comisión Europea, el Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo y el FMI (la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo ), justificadas por el pago de la deuda pública, en colonias modernas de los acreedores en las que el Estado está al borde del colapso y sus poblaciones están sometidas a medidas de expolio y empobrecimiento que violan tanto la legislación nacional como la internacional. Como el Estado español, Irlanda, Chipre, Grecia y Portugal son sometidos a austeridad permanente mientras sus ciudadanas y ciudadanos ven como sus bancos continúan siendo sustentados con dinero público, rescate tras rescate. Esta nueva arquitectura política de la zona euro y la Unión Europea, apuntalada en la deuda, hace que los países de la UE vean como se reduce día a día su soberanía y la calidad de sus democracias, ya que sus parlamentos no deciden realmente e imponen duras medidas a sus propios ciudadanos en contra de lo que éstos han votado y expresado de manera clara. Las injerencias de la Troika en estos estados suponen una violación de la soberanía nacional que nos obliga a considerar que las medidas impuestas bajo su presión política han generado deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.

Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.

[Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.

A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.

De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.

Así que una deuda odiosa responde a:

1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.

O a lo siguiente:

2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente. , categoría aplicada a la deuda generada por regímenes que violan los derechos humanos.

Todo esto, está llevando a un crecimiento de la desigualdad, con un aumento pronunciado de la riqueza de las capas más ricas de la sociedad, y un empobrecimiento y precariedad generalizados para la mayoría, con un paralelo deteriorio de las instituciones democráticas y de la credibilidad en el pacto social. Este crecimiento de la desigualdad está directamente relacionado con la insostenibilidad de la deuda, por lo cuál es necesario tanto para reducir la desigualdad como para reactivar la economía reducir radicalmente la deuda para situarla en un monto que permita encarar un nuevo modelo que permite garantizar la integralidad de los derechos humanos (sociales, económicos, culturales, civiles y políticos) y empezar en serio la transición ecológica.

Es urgente realizar una auditoría con participacion ciudadana activa de la deuda pública para poder analizar en profundidad estos y otros mecanismos que están cargando sobre la mayoría de la población deudas de origen privado, y sirviendo como justificación para un retroceso de derechos sin parangón en las últimas décadas. La auditoría debe clarificar qué deudas son admisibles y cuáles son ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles, para proceder a rechazar su reembolso. En la actual dinámica de expropiación a través de las finanzas es necesario en defensa de las democracias sentar las bases de un nuevo paradigma legal, socioeconómico y ecológico, que deje atrás el neoliberalismo y ponga límites al poder de las grandes finanzas.

FIRMAS RECOGIDAS (14/06/2016) (puedes firmar aquí)

1. Eric Toussaint, porta voz CADTM internacional, coordinador cientifico del Comité para la verdad sobre la deuda griega creado por la presidente del parlamento griego en 2015
2. Miguel Urban Crespo, Eurodiputado Podemos
3. Lidia Senra Rodriguez, Campesina. Diputada del Parlamento Europeo por Alternativa Galega de Esquerda en Europa
4. Carlos Sanchez Mato, concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid
5. Ana Taboada, Vicealcaldesa de Oviedo
6. Rubén Rosón, Concejal de Economía y Empleo Ayuntamiento de Oviedo
7. Jesus Rodriguez, diputado Podemos, Andalucia
8. Laura Mingorance López, portavoz de Podemos Cádiz
9. José Ramón “Cherra” Páez Pareja, Asesor económico Ayuntamiento de Cádiz
10. Manuel Monereo, Unidos Podemos por Córdoba
11. Sònia Farré i Fidalgo, En Comú Podem
12. Marta Sibina Camps, En Comú Podem / Infermera
13. Ángeles Caso, escritora
14. Sergi Cutillas, Economista y activista
15. Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política y editor de Viento Sur.
16. Jose Ramón Castaños Umaran, colaborador de la Revista Viento Sur y Presidente de la Fundación “hitzanhitz” (Bilbao)
17. David Acera, Actor y activista social. Oviedo (Asturias)
18. Josep Maria Antentas, profesor de sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
19. Antoni Soy, Profesor Economía, Universitat Barcelona
20. Nuria Vila Alabao, Fundación de los Comunes
21. Esther Vivas, periodista
22. Blanca Bayas, Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
23. Javi Lechón, PACD
24. adolfo Allué Blasco, anticapitalistas aragón
25. Walter Actis Mazzola, Sociólogo
26. Victor Arbues Jimenez, sobreviviente emperdedor, ingeniero cooperativista
27. Yago Alvarez Barba, El Salmón Contracorriente
28. Eduardo Luzzatti, Ilustrador
29. Natalia Munevar, Plan B
30. Xavier López Relat, Economista
31. Sebastián Madrigal, Medioambiental
32. Albert Medina, Economista
33. David Villarejo, Particular
34. Ramón Plaza Yelo, Periodista
35. Ecologistas en Acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. de Valladolid, Asociación ecologista
36. Antonio Gomez de la serna,
37. Erika Gonzalez, OMAL – Paz con Dignidad
38. Raul Corchon, enfermero
39. Joaquin Martinez Moreno, profesor
40. Rafa GR
41. Iolanda Fresnillo, sociòloga, eKona / Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
42. Alberto Luís Acón Pichel, PACD
43. Manuel Giron, psiquiatre
44. Luis González Reyes, Ecologistas en Acción
45. Enrique Quintanilla Alboreca, Activista social
46. Jesús Rodrigo, PACD
47. Yves Julien, PACD-PV
48. Montserrat Ponz Espallargas, Profesora Titular Análisis Económico Universidad de Zaragoza
49. Angela de la Vega Ruiz, Economista
50. Andreu Tobarra Sanchez, profesor universidad
51. Ángel Ambroj Villanueva, PACD/ Ingeniero
52. Ernesto Rodríguez Guerrero, PACD Sevilla
53. Vicente Soria Díaz, ATTAC
54. Angeles Pla, Profesora
55. Manuel Varela, Jubilado economista
56. Emma Aviles, PACD Bcn
57. Irene Fornes, Diseñadora gráfica
58. Maria Gil Egea, Médica
59. Rafael Alcañiz del Valle, Fisioterapia
60. Nicola Scherer, Particular / Técnica financera
61. Iván Navarro, Parado
62. Marina Asensi, Conserge
63. Carlos Rosetti Manacorda, Medico
64. Guillermo González, Valencia laica
65. Rafael Pla López, secretari de comunicació interna del PCPV/professor jubilat d’Universitat
66. Encarna Tamarit, PACD/Gestión Administrativa
67. Salva Portillo, Autónomo
68. Vicente Pascual, enfermero
69. Pep Romero, metge
70. Juan Gómez Chova, Profesor de Secundaria
71. Adrián Berlenguer Valls, Parado
72. Antia Cortizas Leira, Docente
73. Maria del Mar Doña Rodríguez, Enfermera
74. Manuel Edgar Bellver Franco, Investigador
75. Angel Sanz Cintora, profesor jubilado
76. Mireya Royo, PACD
77. Pilar Imaz, Funcionaria
78. Abril Millán Pérez, artesana
79. David Fernandez, Attac
80. Maria Garcia
81. Jose Manuel Morales Elipe, Jubilado
82. Fernando Paton Villarroya, activista social 15M, PACD y Baladre
83. Rocio Galindo Dengra, ingenieria
84. Joana Querol, ambientóloga
85. Jérôme Duval, CADTM
86. Raül Sánchez, ODG
87. Jeza Goudinoff, PACD, Tras la Manta y profesora
88. Enric Pons, PACD / OCMunicipal / Gestor
89. Juan José Santiago Alcalde, Economista – Secretario Economía y Finanzas Podemos Sevilla
90. Tom Kucharz, Ecologistas en Acción
91. Agnès Petit, Educadora Social/ ECP
92. Miguel Domínguez, Frente Cívico Somos Mayoría / Ingeniero
93. Cosimo Simeone, empleado
94. Vicente Losada , economista
95. Goyo Lopez, jubilado
96. Carmen Lampaya Latorre, biologa
97. Sonia García Gòmez, violonchelista
98. Mar Valldeoriola Picanyol, comunicadora
99. Bego Tadeo, professora de música
100. Monica Sanchez Zaragoza, 2a ajudant de direcció cinema
101. Marc Pérez Mitjans, PACD Sabadell
102. Pablo Cotarelo, eKona
103. Isidre Ribot, bibliotecari
104. Yolanda Sancho, economista / PACD Zaragoza
105. Aranzazu Romero, economista
106. Miquel Carrillo Ponce, Enginyer i consultor en cooperació
107. Toni Riba, arquitecte
108. Jaume Carbonell Aregall, comunicació corporativa
109. Núria Ribas, Periodista
110. Dani Gómez-Olivé, activista StopMareMortum
111. Jessús Carrion, activista Col·lectiu Rets
112. Albert Sales, activista col·lectiu Rets
113. Alex Guillamon coordinador d’Entrepobles
114. Anna fernandez, activista xarxa economia solidaria
115. Montse Santolino, periodista