Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La presente administración, lejos de escuchar este señalamiento, no sólo no revisó la política de exención, no sólo insistió que la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. podía y debía pagarse, sino que en marzo de 2014 emitió $3.5 mil millones de deuda adicionales. Advertimos que esa emisión, que se celebró como un gran logro, no evitaría el impago: tan solo lo aplazaría a costa de agravarlo, pues aumentaría el costo del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. , en el contexto de una economía estancada.

Los bonistas, por su lado, compraron esa nueva deuda, a pesar de que poco antes se había degradado su cualificación a nivel especulativo (chatarra en la jerga de Wall Street): confiaban que su mollero económico, político y legal les permitiría cobrar los altísimos intereses que habían exigido, sin importar las consecuencias para Puerto Rico. Advertimos, por otro lado, que parte creciente de la deuda estaba pasando a manos de fondos de ubicación, los más reacios a todo tipo de renegociación.

En lugar de revisar la política de exención, el gobierno continuó sus medidas de austeridad, como la reducción del empleo público e impuestos regresivos. Advertimos que estas medidas eran injustas y contraproducentes: golpeaban a los que menos tienen y contribuyen a perpetuar la crisis.

En junio de 2015, el Gobernador reconoció lo que habíamos señalado año y medio antes: la deuda es insostenible y es necesario renegociarla. Convocó a los acreedores a entender la situación y al Congreso a facilitar esa renegociación. En ese momento señalamos que esas esperanzas no tenían fundamento: ni los más poderosos bonistas, ni los congresistas influenciados por los primeros accederían de buena gana a un recorte de sus ganancias. Su reacción ante la ley de quiebra criolla anunciaba lo que podría esperarse.

Reiteramos algo que habíamos planteado desde enero 2014: para lograr una renegociación habilitante de la deuda había que tomar medidas afirmativas que aseguraran una reacción apropiada de bonistas y del Congreso. Entre esas medidas se encuentran: una auditoría de la deuda, una disposición a suspender los pagos cuando fuera pertinente y una movilización del País, asentada en una clara explicación de la magnitud de la crisis y de las medidas necesarias para superarla. En ausencia de tales acciones no cabía esperar ni disposición a negociar de los bonistas ni adecuada acción del Congreso.

El gobierno no tomó ninguna de esas acciones. A pesar de las afirmaciones de que «se pondría al pueblo antes que la deuda», en lo esencial, se ha continuado pagando la deuda que el mismo Gobernador llamó impagable. En diciembre se pagó y en enero recién se pagó 95% del vencimiento (usando en parte el mecanismo del llamado claw back). Esto tampoco evita el impago, tan sólo lo aplaza hasta que ya no tengamos reserva alguna. El impago parcial es el peor de los mundos: trae los litigios del impago, sin las ventajas del impago.

El resultado ha sido el que anticipamos: ni negociación con los bonistas, ni acción del Congreso. Es el resultado de no darse a respetar, de no tomar acción afirmativa para defender los intereses del país y de sus mayorías. Es el resultado de no tener un plan B, como dicen en Grecia, para cuando los bonistas y sus aliados se comporten como es de esperar: en defensa de sus intereses y no de lo que exigen tanto la justicia social como la recuperación económica. Recién empieza a hablar el gobierno de una auditoría, aunque no la auditoría ciudadana y democrática que necesitamos.

Hoy más que nunca necesitamos ese plan B: es lo que el PPT ha ido analizando semana tras semana durante dos años y lo que hemos ido proponiendo a cada paso. Nadie que mire objetivamente el récord podrá negar que los hechos han validado ese análisis y que estaríamos mejor ubicados si se hubiesen tomado a tiempo las medidas indicadas.

En 2016 tendremos que redoblar el esfuerzo para rectificar el rumbo por el que nos llevan, a través de las luchas en los centros de trabajo, escuelas y comunidades y también en el proceso electoral, saliendo de los dos partidos gobernantes, igualmente cómplices de la crisis.

Fuente: Claridad