La deuda ilegítima de Ecuador, por una auditoría integral de la deuda

Capítulo 2 : cuestiones jurídicas e institucionales relativas a la deuda ilegítima

25 de agosto de 2007 por Virginie de Romanet


 Capítulo 2 : cuestiones jurídicas e institucionales relativas a la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
ilegítima

- A. Una deuda ecuatoriana ilegítima
- B. Disposiciones legales no respetadas
- C. Unos casos emblemáticos

  • 1.Préstamos odiosos a la dictadura
  • 2.La sucretización
  • 3.El plan Brady
  • 4.Los bonos Global
  • 5.Las deudas contraídas para proyectos en los sectores de minas, agricultura y pesca
  • 6.Préstamos inadecuados
  • 7.Condiciones inaceptables
  • 8. Condiciones que violan el derecho interno

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El contexto [1]

Como en todos los otros países en desarrollo, la deuda externa de Ecuador estalló en el curso de las últimas décadas, pasando de 241 millones de dólares en 1970 a 16.995 millones en el 2006. En cuanto a la deuda externa por habitante, ésta pasó de 36 dólares en 1970 a 1.460 en el 2005.
¿Cómo se pudo llegar a esto? Igual que muchos otros países, en particular de Latinoamérica, Ecuador atravesó un largo período de dictadura, de 1968 a 1979, en el cual hubo un crecimiento muy importante de la deuda, y de manera ilegítima, como veremos a continuación. Entre 1970 y 1979, la deuda pasó de 241 millones de dólares a 2.554 millones. [2] En este período, la deuda externa pública se multiplicó por 8, mientras que la deuda externa privada —que en 1980 representaba la cuarta parte de la deuda externa total— se multiplicó por 37. [3]
Tras el retorno a la democracia, la deuda externa continuó su carrera desenfrenada, pasando de 2.554 millones de dólares en 1979 a 10.668 millones en 1988. La explicación es simple: a partir de la crisis de la deuda, que afectó a Ecuador a finales de 1982, el alza de los tipos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. (usurario) obligó al Estado a endeudarse para pagar unos intereses que se tornaron mucho más importantes de lo previsto. La espiral infernal prosiguió así, para mayor beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los acreedores que hasta ahora habían tenido los medios para imponer su punto de vista a Ecuador.
La sucretización
Se trata de un mecanismo de socialización de la deuda privada que tuvo lugar entre 1983 y 1984. Con la «sucretización», el Estado se hizo cargo de una deuda privada que acrecentó en gran medida la parte pública de la deuda con deudas finalmente ilegítimas.
La oligarquía ecuatoriana y sus aliados internacionales lograron así que la deuda privada contraída con acreedores internacionales, que se elevaba a la suma de 1.628 millones de dólares, fuera asumida por el Estado, es decir, por todo el pueblo ecuatoriano. Esta sucretización se hizo con un tipo de cambio medio de 63,55 sucres por dólar, lo cual multiplicó enormemente las sumas que había que pagar con respecto al tipo de cambio vigente en los años 70, que era de 25 sucres por dólares.
Entre 1988 y 1992, el Estado quedó prisionero de los bancos nacionales e internacionales, los que le impusieron las medidas económicas que les convenían, y se introdujeron así cambios jurídicos e institucionales de inspiración neoliberal para reducir el peso y las funciones del Estado. Los servicios público y las empresas estratégicas se transfirieron al sector privado, es decir, a empresas multinacionales. La política pública se decidía en Washington por el FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web :
y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

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, que dictaron el contenido de las cartas de intención escritas formalmente por las autoridades gubernamentales de Quito. La política fiscal elaborada por el FMI tenía el objetivo prioritario de garantizar el pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. . A fin de aumentar los recursos estatales, no para liberar el desarrollo sino para asegurar a toda costa los desembolsos, el FMI impuso la congelación de los salarios en la función pública en los años 2002-2003 y el despido de 30.000 empleados del sector público. [4] En las crisis financieras, el FMI interviene con créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
stand-by para acudir en ayuda de los acreedores, en particular, de aquellos que han efectuado inversiones de riesgo con la seguridad de que el Estado será obligado a asumir los pagos, aunque se trate de una deuda contraída por una empresa privada. El FMI organiza de este modo una transferencia masiva de capitales desde el país afectado hacia los ricos acreedores externos.
Por intermedio del mecanismo de la deuda, Ecuador se convirtió en exportador neto de capitales. En efecto, entre los años 1982 y 2006, Ecuador pago a los acreedores, a título de capital más intereses, la suma de 119.826 millones de dólares, mientras que en el mismo período recibió nuevos préstamos por valor de 106.268 millones de dólares. Se puede ver que el resultado para el período es una transferencia neta negativa de 13.558 millones de dólares, mientras que, por otra parte, la deuda aumentaba de 6.663 millones en 1982 a 16.698 millones en junio del 2006. Toda la economía ecuatoriana fue estrujada para extraerle el jugo que permitiera reembolsar una ilegítima, sin considerar los indicadores sociales locales.
Después del cambio de los bonos Brady por bonos Global, a mediados del año 2000, la deuda externa se redujo de 16.282 millones de dólares a 13.565 millones. En el 2002, se estaba de nuevo en el mismo nivel de endeudamiento. En efecto, a pesar de una reducción de la deuda externa pública del 10 %, la deuda externa privada había aumentado considerablemente en el mismo período, pasando de 2.229 millones de dólares en el 2000 a 6.568 en agosto del 2006. [5]
Además, la ausencia de créditos públicos externos no produjo una disminución real de la deuda pública, pues esta ausencia fue compensada por un aumento de la deuda interna (sobre todo en bonos), cuya amortización es muy elevada dado que se trata de créditos a corto plazo y a un interés más alto que los de la deuda externa. [6]
Entre 1980 y 2000, el producto interior bruto (PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
) real aumentó un 2 % anual, lo que no es suficiente si tenemos en cuenta la demografía. En efecto, el PIB por habitante disminuyó un 0,5 % anual y se mantiene casi estable en ese nivel desde el 2000. De hecho, esto esconde un agravamiento de la distribución de la riqueza, pues los más ricos retienen una parte creciente.
El pago del servicio de la deuda representó en el 2004 el 148 % de los ingresos fiscales por el petróleo, y en el 2006, el 200 %. Si se mantiene esta tendencia, en 25 años Ecuador habrá agotado sus reservas petroleras sin haber invertido esta riqueza en su propio desarrollo económico, social y ambiental, y esto cuando se calcula que los daños causados por la explotación petrolera en el noreste del país representan 50 veces el monto de la deuda de Ecuador. En efecto, durante 30 años de explotación petrolera intensa, se arrasó una superficie inmensa de selva por la deforestación, se contaminó la mayor parte de los ríos y las reservas acuíferas y avanzó la desertización, perdiendo los pueblos indígenas de la región su medio de vida y su territorio.

 A. Una deuda ecuatoriana ilegítima

Diversos factores permiten demostrar que la deuda de Ecuador es contraria a los intereses de la nación, y por lo tanto ilegítima. El primero de ellos no es una particularidad de Ecuador, pues se encuentra en el núcleo de las relaciones Norte-Sur. Se trata de lo que se denomina intercambio desigual, que hace que los países del Tercer Mundo exporten materias primas brutas mientras se ven obligados a importar a un alto precio productos transformados y acabados en el Norte. En esta relación desigual, los países del Sur no han logrado casi dotarse de industrias de transformación al haber actuado los países del Norte con determinación para conservar el monopolio de esas industrias de alto valor añadido.
Durante el período de la dictadura, la intervención del Estado en la economía aparentemente se reforzó, a diferencia de las políticas neoliberales impuestas por la violencia en las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay). En Ecuador, la política económica aplicada por los gobiernos de la dictadura había definido claramente unos objetivos de desarrollo de la industria petrolera tendientes a aumentar los ingresos del Estado. [7] Sin embargo, el Estado, no obstante su consolidación, no era más que un apéndice del sector privado [8] En efecto, el crecimiento muy importante del PIB (superior al 11 %) entre 1972 y 1979 no fue aprovechado para poner fin a las estructuras del poder existentes [9] e impulsar unos cambios progresistas, como intentó en el vecino Perú el gobierno militar de Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, con la nacionalización del sector petrolero y de otros sectores claves de la economía, la aplicación de una reforma agraria, el control de cambios y del comercio exterior.
Después de la vuelta a la democracia, Ecuador cayó en un proceso de devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. de su moneda. A primera vista, esto parece sorprendente porque en 1979 se había redactado un proyecto de ley que apuntaba a la revalorización de la moneda, haciéndola pasar de 25 a 20 sucres por dólar. Finalmente, este proyecto de ley no tuvo eco y en 1980 ocurrió lo contrario. En efecto, después de la década de los 70, en la que el tipo de cambio se había mantenido estable en 25 sucres por dólar, en el año 1980 subió a 30,56 sucres por dólar y llegó en 1984 a 98,69 sucres por dólar.
Desde el retorno a la democracia, el Ejecutivo tiene plenos poderes en el plano monetario y no tiene que rendir cuentas al Parlamento, ya que el artículo 55 de la Constitución de 1979 prevé que «la forma de establecer la relación de cambio internacional de la unidad monetaria – sucre – es fijada y modificada por el presidente de la Republica.» [10] Asimismo, el artículo 78 prevé que « Son atribuciones y deberes del Presidente de la República contratar y autorizar la contratación de empréstitos.» [11]
De este modo, los medios financieros, que controlaban hasta el 2006 las decisiones del presidente, tenían el control de la política del crédito y de la paridad de cambio.
El 14 de mayo de 1980, El Consejo Monetario autorizó el endeudamiento en dólares para los gastos locales, lo que dio lugar a préstamos especulativos. En efecto, el pago en dólares estaba condicionado al tipo de cambio a la fecha de pago, valor que, como hemos visto antes, sería marcado por un proceso de devaluación constante en el curso de las décadas siguientes.
El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), creado por el artículo 89 de la Constitución, no tuvo durante el período clave de mayo de 1980 a mayo de 1985 ni ley orgánica ni reglamento propio, lo que no le permitía ningún control sobre el endeudamiento agresivo. Mientras que el plan de desarrollo 1980-1984 comportaba 41 proyectos fundamentales, que debían modificar el país, en 1984 no había ninguna novedad sobre alguna realización. Esto revela que era el Consejo Monetario el que verdaderamente ejercía el poder, mientras que el Consejo Nacional de Desarrollo no era más que un organismo de fachada para hacer creer a la mayoría pobre que su situación iba a mejorar.
Este endeudamiento y la imposición, a partir de principios de los años 80, de los planes de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. , que tendían a reducir los gastos dedicados a los sectores sociales para asignar esas sumas al servicio de la deuda, eran contrarios al derecho nacional. En efecto, el artículo 71 de la Constitución de 1979 disponía que el presupuesto asignase unos recursos importantes a los servicios públicos y a la ejecución de programas de desarrollo económico y social, el 30 % de los cuales a la educación y a la erradicación del analfabetismo. [12]
El artículo 137 se refiere a la supremacía de la Constitución. Dispone que las otras normas de jerarquía inferior se deben conformar a la ley suprema. Las convenciones y tratados internacionales que están en contradicción con la Constitución o alteran sus prescripciones no tienen validez.
Basándose en el espíritu de esta Constitución, el presidente Correa expulsó a fines de abril de 2007 al representante del Banco Mundial, Eduardo Somensatto, en represalia a una decisión del Banco Mundial tomada en el 2005, cuando Rafael Corres era ministros de Economía del gobierno de Palacio.
El Banco Mundial había bloqueado un préstamo acordado de 100 millones de dólares a causa de la reforma del Fondo de Estabilización, de Inversión y de Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), que preveía la utilización del dinero del petróleo dando prioridad a la política social sobre el pago de la deuda. En ese entonces, Correa prefirió renunciar como acto de protesta por esta ingerencia de la institución internacional.
Correa dio al representante del Banco Mundial 48 horas para que justificara la decisión tomada en el 2005. Como no recibió ninguna justificación del representante, éste fue expulsado. El presidente ecuatoriano destacó que la suspensión del préstamo por parte del Banco Mundial constituía una falta total de respeto a la soberanía del país. Esta decisión muestra la determinación del nuevo presidente y una auténtica voluntad de cambio.

 B. Disposiciones legales no respetadas

Además de causar un perjuicio a los intereses de la nación, ciertas medidas han violado el derecho nacional. La aceptación por el Consejo Monetario el 14 de mayo de 1980 del endeudamiento en dólares para gastos locales, constituye una violación del artículo 7 de la ley de régimen monetario, el que establece que: “La unidad monetaria es el Sucre. El Presidente de la República fijará y modificará la relación de su cambio internacional, de conformidad con la Ley. La emisión de monedas metálicas y de billetes, que tienen poder liberatorio ilimitado, es atribución exclusiva del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
del Ecuador” Esta violación beneficiaba evidentemente al sector bancario y cambista local.
El 18 de julio de 1985 se aprobó el proyecto de ley de reforma —con carácter de urgente— de la ley de régimen monetario publicado en el registro oficial el 22 de agosto de 1985, cuyo artículo 1, que reemplazaba el artículo 7 del régimen precedente, establecía que: “Las obligaciones deberán a que se refiere el inciso anterior … serán liquidadas en sucres, debiendo efectuarse la conversión en base a la cotización del mercado que corresponda a la respectiva divisa y que estuviere vigente a la fecha de pago de la obligación”.
Por lo tanto, existe un lapso de 5 años y 3 meses en el que la diferencia del tipo de cambio fue integrada mientras que no había ninguna base legal para ello, lo que es totalmente ilegal. En efecto, dado que la mencionada operación no es parte de ningún tratado internacional, es entonces el derecho financiero interno y las disposiciones de la ley lo que autoriza el empréstito externo. Por lo tanto, no es admisible aplicar por principio la legislación extranjera. Son las disposiciones previstas en el artículo 7 de la ley del régimen monetario —el pago en sucres y a un tipo de interés fijo— lo que se tendría que haber aplicado.
Diversos sectores participaron en el endeudamiento en dólares para gastos locales. Fue éste el caso del sector bancario y cambista local y de los sectores bancarios internacional y off-shore. Así como el de los clientes de este sector, que recibieron préstamos en dólares ya fuese para gastos locales y por motivos no financieros, o bien para especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera. Éste ha sido también el caso del Banco Central de Ecuador, que generó créditos internos en sucres por intermedio del sector bancario y cambista local.

 C. Unos casos emblemáticos

1. Préstamos odiosos a la dictadura

Los regímenes que gobernaron Ecuador entre 1968 y 1979 fueron regímenes dictatoriales que dejaron el país muy endeudo, como vimos al principio de este capítulo. Durante el período del auge petrolero de los años 70, el sector privado se endeudó fuertemente con acreedores externos. Este período, en particular entre los años 1976 y 1979, durante los cuales la deuda externa se disparó —se multiplicó por 5 en 3 años—, fue bautizado como período de «endeudamiento agresivo». La parte de la deuda privada aumentó netamente, con unos términos muy desfavorables: el 75 % de estas deudas tenían un plazo de vencimiento de menos de un año, y el 83 % habían sido contratadas a tipo variable. Teniendo en cuenta el panorama internacional (alza de los tipos de interés, caída del precio del petróleo, etc.), el sobreendeudamiento sería sin duda insostenible.

2. La sucretización

Los círculos que detentan el poder económico y político en Ecuador llevaron al gobierno a apoyarlos financieramente para asegurar su salvamento, mientras el FMI y el Banco Mundial, protegiendo los intereses de los bancos internacionales, presionaban para que el Estado garantizara el pago de esta deuda privada. El Estado asumió entonces esta deuda privada cambiando las obligaciones en dólares por obligaciones en sucres, según la paridad y el tipo de interés fijados a la firma del contrato. Así, los actores privados no tuvieron que soportar el coste del aumento de los tipos de interés y de la devaluación del sucre.
Mediante el proceso de sucretización, el gobierno tomó a cargo del Estado la mayor parte de la deuda externa privada. Y así toda la población de Ecuador ha pagado por unos actores privados que se habían endeudado sin miramientos.
El proceso de sucretización comprendió 1.682,5 millones de dólares de deuda del sector privado. El sector bancario y cambista local se apropió la deuda y la sucretizó sin un control preciso del Banco Central.
Nada más que por el hecho del tipo de cambio, se calcula que se trata de un subsidio del Estado al sector privado por un monto equivalente a 1.300 millones de dólares. En efecto, la mayor parte de los préstamos que se habían contratado a un tipo de cambio medio de 25 sucres por dólar, fue retomada por el Estado a una tasa media de 63,55 sucres.
Este mecanismo se reservó para una elite: el 3 % de las entidades que fueron sucretizadas, y que representaban sólo a 95 beneficiarios, se beneficiaron del 75 % del monto total.
Además, esta transferencia se operó de forma indiscriminada, sin ningún control. Así, no se había previsto ningún mecanismo para verificar si las deudas en cuestión se habían pagado. Los registros del Banco Central ecuatoriano informan sólo sobre las deudas negociadas en el mercado libre, y no sobre su pago. El Estado asumió entonces deudas ficticias. Puesto que el fin declarado de la sucretización era evitar la quiebra de las empresas que constituyen el aparato productivo del país, uno se puede sorprender al encontrar en la lista de beneficiarios clubes de la elite nacional, como el Quito Tenis y Golf Club o el Club del Banco del Pacífico. Evidentemente, la sucretización no servía los intereses de la nación sino los intereses de los grandes bancos internacionales y locales, así como los de elite económica y política del país. ¿Cómo justificar si no que el pueblo ecuatoriano, por medio de su gobierno, pague esta deuda?
Incluso se puede ir más lejos y plantearse la cuestión de saber por qué el sector privado se endeudó en dólares. ¿No había suficientes sucres en el sector bancario local? La respuesta es que el crédito en sucres, es decir, el ahorro interno, era más que suficiente para financiar la necesidad de operaciones y de inversión fija del sector productivo, del profesional y hasta del turismo internacional.
Los créditos en dólares han sido créditos de exacción contra el país, apuntando el Banco Central y el sector productivo a alienar el petróleo en beneficio del sector bancario y cambista local.
De este modo, centenares de millones de dólares fueron incorporados al proceso de sucretización sin beneficio de inventario.
Esto ha construido los fundamentos de una incitación a la inversión extranjera directa, [13] diferente de la empresa mixta que existía hasta entonces, y ha sido particularmente fuerte en el sector petrolero. La ley de hidrocarburos se reformó en el sentido de contrato de prestación de servicios, que es una verdadera apertura al sector privado con el pretexto de que el Estado carecía de recursos (disminuidos por el servicio de la deuda) y que, por ello, no podía participar. Se debilitó así la empresa petrolera nacional (CEPE), que a continuación se convirtió en Petroecuador, con filiales de exploración, de explotación, de transporte, de refinado y de comercialización, que tenían el perfil de sociedades anónimas listas para la privatización. En cuanto a los sindicatos, no era evidente para aquellos que querían la privatización que se lograra, y así Petroecuador fue subfinanciada deliberadamente.
Conclusión sobre la sucretización:
Socializar las deudas privadas de los ricos es un acto ilegal, injusto e inmoral. En consecuencia, esta deuda asumida por el Estado se debe declarar nula. Tal acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. constituye un acto criminal en muchos países acreedores, lo que permite exigir simplemente la nulidad de esta deuda y la aplicación de los códigos correspondientes.

3. El plan Brady

Por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, el plan Brady se estableció a finales de los años 80 en diversos países en desarrollo en dificultades de pago de su deuda. Consistía en una reducción del peso del servicio de la deuda mediante una reducción del capital adeudado. Sin embargo, más bien se trataba de salvar a los acreedores de una deuda en gran parte incobrable y cuyo valor en el mercado de Ecuador no superaba el 10 % de su valor nominal. La emisión de los bonos Brady por Ecuador en 1994 fue en realidad un proceso de legitimación del conjunto de la deuda comercial, profundamente ilegítima.
Hay recordar las circunstancias dudosas en las que tuvo lugar este canje. El gobierno ecuatoriano había suspendido el pago de la deuda externa comercial en enero de 1987. Esta suspensión de pago, que duró cerca de cinco años, habría permitido a Ecuador demandar la prescripción de esta deuda ante los tribunales del estado de Nueva York y de Londres. Pero en diciembre de 1992, esto es, poco tiempo antes de la eventual prescripción, el Ejecutivo firmó un decreto por el cual el Estado ecuatoriano confirmaba su condición de deudor de los bancos y renunciaba a la acción ante los tribunales. Esta medida demuestra una vez más la colusión entre ciertos miembros del gobierno y los grandes bancos, y el desprecio por el interés nacional. Algunos periódicos de la época señalaron que el ministro de Finanzas de entonces, Mario Ribadaneira, era él mismo tenedor de títulos de la deuda por una suma de 300 millones de dólares.
Así, mientras que una parte de la deuda podría haber sido, lisa y llanamente, no pagada, los detentores del poder optaron por renunciar a esta oportunidad y abrir de este modo la vía al canje de títulos de la deuda por bonos Brady. En efecto, el plan Brady solamente difería los problemas de pago, puesto que los elevados tipos de interés hacían nuevamente insostenible la deuda, obligando a Ecuador a suspender sus pagos en el curso del año 1999. Es la crisis más grave de la historia reciente del país.

4. Los bonos Global

Entre los años 1980 y 2000, el tipo de cambio pasó de 25 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar. Para hacer frente a esta evolución, el 10 de enero del 2000 el sucre fue reemplazado por el dólar: era la dolarización Dolarización Substitución de la moneda nacional por el dólar, la cual, a diferencia de un régimen dede «arrimage», desaparece totalmente. . Fue formalizada por una ley del 13 de marzo del 2000 titulada «Ley de transformación económica de Ecuador», orquestada por el sector bancario y cambista local. Ecuador perdía así todo margen de maniobra financiera.
Ecuador fue entonces llevado a negociar en el 2000 el canje de los bonos Brady y Eurobonos (bonos emitidos en 1997 por un monto de 500 millones de dólares con un vencimiento de 5 y 7 años) por los bonos llamados «Global» por una suma total de 5.750 millones de dólares. Había dos categorías:

- Los bonos Global 12, que representaban 1.250 millones de dólares, con un vencimiento de 12 años y un interés fijo del 12 % anual;

- Los bonos Global 30, que representaban 4.500 millones de dólares, con un vencimiento de 30 años y un interés del 4 % en el 2001, tasa que aumentaba un 1 % cada año hasta alcanzar el 9 % en el 2006, y luego, del 2007 al 2030 con un interés del 10 % anual.
Las condiciones de este canje, que desarrollaremos en el capítulo 5, fueron nuevamente muy onerosas para el Estado ecuatoriano. Una cosa es segura: a la vista de las diferentes irregularidades que jalonaron el proceso hasta la emisión de estos bonos, esta deuda debería calificarse de ilegítima por varias razones: no ha servido al interés nacional, su gestión fue dictada por los intereses de una pequeña minoría, lo que explica la conclusión de acuerdos desequilibrados con condiciones inaceptables.

5. Las deudas [14] contraídas para proyectos en los sectores de minas, agricultura y pesca

Un ejemplo, concerniente a un proyecto de desarrollo minero y de control ambiental titulado «Prodeminca», puesto en marcha en 1993-1994. Se trataba de un proyecto financiado por el Banco Mundial (14 millones de dólares) y por Suecia y Gran Bretaña (10 millones de dólares). Su finalidad era la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la explotación minera.
El proyecto Prodeminca comprendía la modificación de la legislación en materia minera. Se dictaron dos leyes (Trole I y II) para crear las condiciones para el pillaje de los recursos por las multinacionales (exoneración del 3 % de las inversiones o de la producción neta revertida al Estado, disminución del papel del Ministerio de Medio Ambiente, posibilidad de actividad minera en zonas protegidas).
Otro aspecto del proyecto consistía en la elaboración de mapas geoquímicos, para lo cual se permitía la prospección minera en áreas protegidas. A pesar de un recurso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, éste nunca realizó el estudio de impacto ecológico, que es obligatorio. La venta de estos mapas a empresas fue autorizada, y las compañías ya tienen concesiones en zonas protegidas.
Otro programa sectorial de 1994, en el área de la agricultura y de la pesca (Programa sectorial agropecuario – PSA), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tuvo como resultado la modificación de la legislación agrícola así como el desmantelamiento del Ministerio de Agricultura.
Este programa ha acarreado la sanción en 1994 de una nueva ley, conocida con el nombre de «Ley de desarrollo agrícola», que ha convertido la tierra en bien y ya no un derecho, compromete cualquier posibilidad de una nueva reforma agraria. Obviamente, esta reforma beneficia a las grandes explotaciones de cultivos intensivos para la exportación, que compran una gran parte de la tierra, perjudicando a los pequeños campesinos.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado así mismo, con una suma de 15,2 millones de dólares, otro programa en el sector agrario tendiente a la regularización y a la administración de la tierra rural (Proyecto PRAT), el que debe conducir al establecimiento de un registro de la propiedad de la tierra. Dicho programa ha ocasionado la expulsión de los campesinos indígenas que ocupaban esas tierras sin tener título de propiedad.
Por lo demás, Ecuador se dirige a la privatización del agua de riego, que era un bien común, vía el préstamo de 20 millones de dólares en asistencia técnica del subsector del riego (Proyecto PAT), financiado por el Banco Mundial. La introducción de una tarifa y de un sistema de concesión en función de la productividad ha jugado una vez más a favor de las grandes explotaciones y en detrimento del pequeño campesino
Todos estos créditos han socavado la soberanía alimentaria de Ecuador, al retirar a los pequeños y medianos agricultores el acceso a los recursos básicos, que son la tierra, el agua y las semillas. La producción agrícola ya no responde a las necesidades de la población del país, sino a las necesidades de los países importadores, y esto ha tenido una influencia importante en el aumento de la pobreza.

6. Préstamos inadecuados

El proyecto «Jaime-Roldós Aguilera» de objetivos múltiples
Este proyecto, cuya gestación se remonta a los años 50, fue impulsado por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Servicio de Cooperación Interamericana para la Agricultura. Los estudios preliminares fueron realizados por la Comisión de Estudios para el desarrollo de la cuenca del río Guayas (CEDEGE).
Con un coste total de 1.638 millones de dólares, financiado en un 80 % con créditos externos, el proyecto abarcaba la construcción de una represa, la provisión de agua de la ciudad de Guayaquil, la central hidroeléctrica Marcel Laniado, el proyecto de riego para la cuenca del valle del Daule, el trasvase hacia la península de Santa Elena, los servicios de agua potable y desagües para la península.
En 1980, antes de comenzar las obras, el estudio de factibilidad del BID señalaba una pérdida de 50 millones de dólares, pero a pesar de ello concedió el préstamo. En el 2001, la universidad de Guayaquil realizó un nuevo estudio sobre el proyecto ya bien avanzado, y encontró una pérdida de 130 millones de dólares. En otros estudios, Acción Ecológica descubrió que la universidad de Guayaquil sólo había tenido en cuenta los beneficios del trasvase y no su coste.
De esta enorme suma, 1.638 millones de dólares, sólo el 0,3 % se destinó a la gestión ambiental y a la reparación de los daños sociales y ambientales. Estos costes se tradujeron en el despojo a las comunidades de la península de más de 25.000 hectáreas de sus tierras y en la producción de metano. Si se suman los gastos ambientales a la inversión financiera, el coste total se eleva entonces a 4.000 millones de dólares. [15]
Los beneficiarios del proyecto fueron los financieros, los constructores y los operadores. Los objetivos del encauce del agua no se cumplieron, si se tiene en cuenta que para llevar el agua a un lado, se provoca la inundación de las tierras y la sequedad del otro lado. El proyecto no alcanzó los objetivos fijados. Mientras que se pretendía que irrigaría cerca de 44.000 hectáreas de la península de Santa Elena, en realidad sólo ha irrigado un poco menos de 6.000 ha.

7. Condiciones inaceptables

Un ejemplo elocuente es el proyecto de los Centros Educativos Matrices (CEM), en el cual estuvieron implicados el Banco Mundial (préstamo de más de 100 millones de dólares) y el BID con una financiación importante durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992). Se trataba de un proyecto organizado sobre escuelas centrales y escuelas satélites, para el cual se invirtió en infraestructura pero absolutamente nada en educación, en pedagogía.
Aparte de la multiplicación de planes, otra característica destacable en materia de educación ha sido la pérdida de influencia de la Unesco en beneficio del Banco Mundial. Éste se ha erigido en primer consejero mundial en cuestiones de educación. Más que dinero, son ideas lo que presta, o más bien impone, a los países. Estos préstamos son peligrosos porque inducen un cambio fundamental del cual es difícil volver atrás. Se trata, por ejemplo, de conceptos de descentralización de evaluación y de remuneración del mérito. El Banco Mundial, y el BID en su estela, imponen siempre las mismas recetas, cualquiera que sea el país, recetas de financieros sin ninguna relación con el territorio y sus realidades. Los préstamos están condicionados a la aplicación de ciertas reformas favorables a los inversores internacionales y a las sociedades multinacionales, en particular en el ámbito de la educación.
Es así como en este proyecto, el BM y el BID exigieron la creación de unidades ejecutivas autónomas, que ellos podrían controlar con mayor facilidad: la EB-PRODEC (BM) y la PROMECEB (BID). Estas unidades permiten a las instituciones pasar por encima del Ministerio de Educación con la contratación de personal más disciplinado, con sueldos más de 10 veces más altos que los funcionarios provenientes del Ministerio. Mientras que un director de proyecto del Ministerio cobraba entre 300 y 600 dólares, los de las unidades ejecutivas ganaban 6.500 dólares. Los proyectos realizados en este marco son vectores de la mercantilización de la educación impulsada por las instituciones financieras internacionales.

8. Condiciones que violan el derecho interno

El FMI y el Banco Mundial quieren pasar de un Estado intervencionista y regulador a un Estado mínimo. Para ello crearon el concepto de «buena gobernanza», que les permite insistir en la noción de democracia mientras que en realidad el fin es promover la capacidad del gobierno de poner en práctica las medidas promovidas por ambas instituciones. Un «buen gobierno» puede así neutralizar las resistencias sociales sin afectar la reforma neoliberal. Se observa que existe una oposición fundamental entre un Estado realmente democrático y un Estado cuyo gobierno sacrifica a su población aceptando las medidas de ajuste estructural.
Para aumentar la capacidad de exportación de los países prestatarios y garantizar de esta manera el pago de la deuda externa, el FMI obliga a los países deudores devaluar sus monedas (violando lo que estipula el documento constitutivo del FMI). Estas devaluaciones han acelerado la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). y disminuido los salarios. Por eso, las políticas de ajuste del FMI están en el origen de una profunda inestabilidad para los países deudores.

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Este trabajo colectivo ha sido realizado por el CADTM en Julio de 2007, a pedido de AFRODAD. Benoît Bouchat, Virginie de Romanet, Stéphanie Jacquemont, Cécile Lamarque y Éric Toussaint, CADTM.

Comité de lectura: Myriam Bourgy, Damien Millet y Renaud Vivien.

Traducción al español a cargo de Claudio Guthmann, Víctor Isidro, Juan Antonio Julián, Griselda Piñero, Raúl Quiroz y Lucie Viteri.

Notas

[1Gran parte de la información de este estudio proviene de los informes redactados por la Comisión de auditoría creada en marzo de 2006 por el presidente Palacio, la CEIDEX (Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa), que trabajó de julio a diciembre de 2006.

[3Hugo Arias Palacios, «Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberana de Ecuador y estrategias de desendeudamiento», CEIDEX, Tercer Volumen, agosto de 2006.

[4Idem, p. 55.

[5Idem, p. 33.

[6Idem, p. 34.

[7Benalcázar, E., «Deuda externa privada con la banca privada internacional», p. 11, CEIDEX, 2º Volumen, diciembre de 2006.

[8Idem, p. 17.

[9Idem.

[10Idem, p. 20.

[11Idem.

[12Pinto, F. «Evolución de la normativa jurídica aplicable al endeudamiento público y su correspondencia con el marco constitucional, convenios y tratados internacionales y más estipulaciones legales», diciembre de 2006.

[13Idem, pp. 48-49.

[14«Casos que vinculan la deuda externa con la generación de deudas sociales y ecológicas», varios autores, CEIDEX, Tomo 5, diciembre de 2006.

[15Idem.

Virginie de Romanet

est membre du CADTM Belgique

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