Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El trágico desenlace de julio de 2015 no era inevitable. Este capítulo muestra que en muchos momentos decisivos, durante los seis primeros meses del gobierno de Tsipras, era posible y necesario aplicar una política diferente a la seguida. En la conclusión, hablaremos del ámbito europeo y haremos un avance sobre una línea internacional a seguir.
Contrariamente a lo que una mayoría de analistas y actores políticos piensan o pensaban, salir o no salir de la zona euro no constituía una cuestión inmediata a resolver. En efecto, el programa con el que Syriza llegó al gobierno no proponía salir de la zona euro. Eso fue señalado explícitamente por Tsipras y una gran parte de los dirigentes de Syriza, que afirmaron durante la campaña electoral, la voluntad de permanecer en el euro. Por el contrario, no hay ninguna duda sobre las siguientes prioridades contenidas en dicho programa:
• Obtener la anulación de la mayoría del stock de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. .
• Poner fin de inmediato al memorando impuesto por la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo y reemplazarlo por un programa de reconstrucción nacional.
• Nunca más aceptar que se sometan las decisiones del gobierno y del parlamento a la aprobación de la Troika.
• Tomar una serie de medidas prácticas para mejorar las condiciones de vida de la población que sufría desde hacía cinco años un régimen de austeridad terrible y retrocesos sociales.
• Tomar el control de los bancos. Cuatro de ellos representaban más del 90 % del sector bancario griego, y aunque el gobierno era el accionista principal no ejercía ese poder, dejándolo en manos de los accionistas privados. Éstos habían demostrado su codicia y su incapacidad para sanearlos. Lejos de constituir un compromiso ideológico, tomar la dirección de los bancos para ponerlos al servicio de la población y del plan de reestructuración representaba una necesidad absoluta. En efecto, el sector bancario estaba en un estado lamentable y era necesario, de manera urgente, remediarlo.Tener el mando era la condición previa indispensable a la puesta en marcha de una nueva política al servicio de los intereses de la población.

 ¿Qué era lo más urgente a partir de enero de 2015?

Aplicar una serie de medidas muy concretas para mejorar las condiciones de vida de la población:
• Restablecer el salario mínimo legal a su nivel de 2009, así como todas las pensiones, hasta un determinado límite superior.
• Reducir radicalmente el tipo del IVA sobre los productos y servicios de primera necesidad.
• Lanzar un plan de solución para las deudas de las familias con respecto al Estado y a los bancos. Se debe decidir por vía legal la anulación de deudas y las enmiendas favorables a millones de familias endeudadas que disponen de ingresos bajos o medios.
• Reducir o suprimir la carga de ciertos impuestos, como el inmobiliario que había afectado fuertemente las condiciones de vida de las familias con ingresos bajos o medios.
• Restablecer el acceso a la electricidad para las 300.000 familias a las que se les había privado de suministro.
• Establecer el acceso gratuito a los servicios de salud.
• Decretar la gratuidad de los transportes públicos para amplios sectores de la población, o incluso para toda la población.
Una parte importante de estas medidas formaban parte del programa de Syriza. Por otro lado, era urgente:
• Verificar rápidamente si los acreedores estaban dispuestos a reducir la deuda como lo pedía el programa de Tesalónica. Sin embargo, fue patente desde los primeros días que la Troika no estaba en absoluto dispuesta a conceder una reducción de la deuda, aunque fuera mínima. Por lo tanto, era necesario desde el 12 de febrero de 2015 (fecha del primer pago al FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : de 747,6 millones de euros) suspender el pago de la deuda con el fin de evitar una hemorragia en los medios financieros del Estado y lanzar un proceso de auditoría con participación ciudadana.
• Tomar fuertes medidas con respecto a los bancos con el fin de sanearlos y ponerlos al servicio de la población.
• Conseguir que entrara dinero nuevo en las cajas del Estado, no para pagar la deuda reclamada por la Troika sino, por el contrario, para destinar ese dinero a financiar el plan de lucha contra la crisis humanitaria y la reconstrucción de la economía. Esto implicaba tomar medidas específicas para hacer pagar a las familias más ricas, a las grandes empresas nacionales o extranjeras, especialmente al sector de los armadores navales, a las cadenas privadas de televisión —que prácticamente no pagaban impuestos desde hacía muchos años—Multar a los grandes defraudadores por medio de una retención sobre su patrimonio o sobre sus ingresos para una recuperación rápida de importantes sumas de dinero.
• Decretar el fin del memorando (que de todas maneras se terminaba el 28 de febrero de 2015), y el lanzamiento del programa de reconstrucción nacional.

 Salir de la zona euro no constituía una cuestión inmediata a resolver

La cuestión de la salida del euro no estaba, de forma inmediata, en el orden del día aunque era evidente, como lo demostraron los acontecimientos, que se convertiría rápidamente en un tema central, al que había que dar una respuesta.
El acuerdo del 20 de febrero de 2015 lo llevó a Yanis Varoufakis, con el asentimiento de Tsipras y su círculo, a firmar un documento con el Eurogrupo que le obligaba a renunciar a los compromisos mencionados anteriormente.
• Se comprometió a reembolsar la deuda según el calendario previsto, mientras que la Troika no tenía previsto ningún desembolso de fondos y se negaba a pagar las sumas debidas a Grecia.
• Abandonó su compromiso de poner fin inmediato al memorando y, por el contrario, aceptó que se prolongara cuatro meses.
• No tomó ninguna medida concreta concerniente a los bancos aunque el saneamiento de ese sector debería haber constituido una de sus principales prioridades.
• Mantuvo una relación de sumisión con respecto a la Troika, rebautizada como «las instituciones».

Las medidas concretas para mejorar la suerte de la mayoría de la población fueron tímidas y la Troika las cuestionó constantemente.
El acuerdo del 20 de febrero levantó una enorme cantidad de críticas en el interior del grupo parlamentario de Syriza y en el seno del gobierno. La presidente del Parlamento griego, miembro de Syriza, rechazó someterlo a una votación puesto que se oponía a esta primera capitulación.
¿Qué se debería haber hecho? La respuesta es simple: mantener los compromisos electorales, puesto que era una obligación democrática, moral, y la única manera de ganar la partida.
El programa de Tesalónica no era perfecto, pero fue con ese programa que Syriza obtuvo su mandato, y a pesar de sus debilidades, podía mejorar significativamente la situación de la población. Las prioridades del programa deberían haber sido respetadas y lo habrían sido si el gobierno hubiera comenzado aplicando las principales medidas.
El gobierno elegido el 25 de enero de 2015 tenía toda la legitimidad necesaria para tomar esas medidas preventivas con el fin de cumplir con sus compromisos. Y debía hacerlo frente a la manifiesta agresividad de la Troika desde los primeros días de gobierno.
Tres ejemplos bien claros ilustran la falta de cumplimiento que la Troika hizo de sus obligaciones y su violación al mandato otorgado por la población griega a su gobierno, a pesar de que éste no había tomado ninguna medida de ruptura:
1.- Desde el 4 de febrero de 2015, con un gobierno establecido desde hacía solamente siete días, y aunque no había tomado todavía ninguna medida que tuviera un impacto presupuestario, el BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. bloqueó el acceso de los bancos griegos al mecanismo vigente de concesión de liquidez. Esa decisión redujo fuertemente la posibilidad de financiación del gobierno y provocó un retiro de depósitos bancarios.
2.-El BCE, respaldado por los gobiernos de la zona euro, se negó a mantener su compromiso que consistía en abonar, en 2015, una suma de cerca de 1.900 millones de euros de beneficios obtenidos mediante los títulos griegos por los bancos centrales del Eurosistema y el BCE.
3.-La Troika repatrió a Luxemburgo el saldo de 11.000 millones de euros de los fondos de recapitalización de los bancos, no obstante esos fondos deberían haberse puesto a disposición de las autoridades griegas para el saneamiento del sector bancario.

 Un programa para vencer los enemigos

En lugar de dejar que Varoufakis firmara el acuerdo del 20 de febrero, el gobierno griego debería haber reaccionado, declarando lo siguiente:
«Vista la falta de cooperación de los acreedores, suspendemos de manera cautelar el reembolso de las deudas reclamadas por la Troika, mientras se realice una auditoría con participación ciudadana, que permita determinar la parte legítima y la parte ilegítima de las deudas reclamadas a Grecia. La auditoría se realizará en un término razonable de cuatro meses, después del cual les comunicaremos nuestra decisión.
»La obligación de realizar una auditoría está prevista en un reglamento europeo aprobado en mayo de 2013. El dinero no reembolsado no permanecerá sin uso, financiará la recuperación de la actividad económica, especialmente por un aumento del consumo público y privado socialmente justificado.
»Como fue anunciado en nuestro programa, los poderes públicos asumirán sus derechos y obligaciones como accionistas principales de los cuatro grandes bancos del país. Se deberá sanear los bancos y ponerlos al servicio del interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. de la mayoría de la población.
»Llamamos a los pueblos de Europa a manifestar su apoyo al pueblo griego que nos ha dado el mandato de romper con las funestas políticas dictadas por la Troika. Si ganamos, todos los pueblos de Europa obtendrán una victoria contra la austeridad al mostrar que otro camino es posible.»

Éric Toussaint y Alexis Tsipras en la ceremonia del comienzo oficial de la actividad del Comité para la Verdad sobre la Deuda en el Parlamento griego el 4 de abril de 2015.

También, se deberían haber tomado otras medidas complementarias: reemplazar al gobernador del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. de Grecia que era un enemigo declarado del programa de gobierno y un personaje del antiguo sistema; [1] instaurar un control de movimientos de capitales para impedir su fuga y el sabotaje a la economía; establecer un sistema de pagos en paralelo y complementario al sistema de pagos en euros; someter rápidamente al Parlamento una serie de leyes y de medidas que permitieran la mejora de las condiciones de vida de la población y el aumento de la recaudación del Estado a partir de los sectores más ricos de la sociedad y de las grandes empresas extranjeras.
Estas medidas tomadas legítimamente por el gobierno habrían producido por una parte, el apoyo del pueblo griego y también de una parte importante y creciente de los pueblos de Europa, y por la otra, la reprobación de la Troika.

 ¿Qué represalias habría aplicado la Troika?

¿Cortar el acceso a los bancos a la liquidez?

Ya estaba utilizando esta medida desde el 4 de febrero y eso le hubiera dificultado ir más lejos de forma inmediata.

¿Negarse a abonar el dinero prometido a Grecia?

Ya lo había hecho. La Troika había anunciado al gobierno que no se comprometía a conceder ningún fondo nuevo y que repatriaría a Luxemburgo los 11.000 millones a los que el gobierno griego tenía derecho.

¿Imponer un control de movimientos de capitales como en Chipre?

El gobierno, al decidir por sí mismo ese control, habría descolocado a la Troika.

La firma del acuerdo del 20 de febrero de 2015 ¿podría haber sido cuestionado por el gobierno durante las siguientes semanas?
Sí, puesto que ese acuerdo no había sido sometido al Parlamento griego. Solamente lo había firmado el ministro de Finanzas y éste lo había enviado al Eurogrupo que es un organismo informal. El primer ministro hubiera podido, después de un mes de la implementación del acuerdo con el Eurogrupo, hacer una acta del fracaso y explicarlo públicamente. Habría sido necesario hacer eso hacia fines de marzo de 2015 o comienzos del mes de abril, antes de tener que efectuar los importantes pagos al FMI.
Tsipras podría haber explicado al pueblo griego y a la opinión pública internacional que los acreedores no habían abandonado los métodos de la Troika, y que en realidad ésta continuaba funcionando. Podría haber explicado que el gobierno había hecho una serie de propuestas a las instancias europeas que no las habían tenido seriamente en cuenta, y que además las habían rechazado. Podría haber hecho públicos los métodos de presión y de chantaje ejercidos por la Troika.
Podría haber dicho que a pesar de la buena voluntad del gobierno griego, desde el comienzo había chocado contra un muro. Podría haber indicado que, para convencer al gobierno griego de que firmara el acuerdo del 20 de febrero, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, había prometido una ayuda de 35.000 millones de euros que nunca se concretó, que el BCE había dejado entender que levantaría la medida tomada el 4 de febrero y que no lo hizo. Podría haber agregado que el compromiso realizado en 2013 de restituir, en 2015, los 1.900 millones de euros de beneficios del BCE y del Eurosistema no fue mantenido, lo que era tan grave como la repatriación de los 11.000 millones que deberían haber servido para el saneamiento de los bancos griegos.
Por todo eso, Tsipras podía haber declarado que el gobierno griego no podía hacer otra cosa que declarar que el acuerdo del 20 de febrero había caducado. Tsipras podría habría realizado también una remodelación de su gabinete mostrando la voluntad de aplicar de inmediato las medidas más urgentes de su programa.
Y, sobre todo, Tsipras podría haber anunciado que su gobierno aplicaría la serie de las fuertes medidas enunciadas anteriormente (suspensión de pagos de la deuda y auditoría de la misma con participación ciudadana; saneamiento de los bancos, reemplazo del gobernador del Banco Central de Grecia; control de movimientos de capitales; instauración de un sistema de pagos complementario; etc.).
Podría haber pedido la cooperación internacional para luchar contra los grandes defraudadores. Y sin esperar esa ayuda, actuar con contundencia contra los que ya habían sido identificados. Podría haber llevado a cabo una campaña con el lema «¿Quién debe a quién?», abordando nuevamente la cuestión de las deudas y reparaciones de guerra de Alemania con respecto al pueblo heleno, debidas a la invasión y ocupación de Grecia por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

 La necesidad del desarrollo de una movilización popular nacional y internacional

Esa nueva política inspirada en el programa electoral habría podido ser adoptada por el gobierno de Tsipras. Pero también habría requerido una campaña de información y explicación por todos los canales posibles, tanto en Grecia como en el exterior. Para llevar a cabo esa campaña, deberían haberse hecho públicos toda una serie de documentos secretos o apenas mediatizados: los documentos secretos del FMI, las notas sobre el desarrollo de las reuniones del Eurogrupo, el escándalo de las compras de los títulos griegos por el BCE en 2011-2012, la función del primer memorando que, principalmente, fue para ayudar a los bancos privados de Francia, Alemania y el Benelux, la lista de los grandes defraudadores, los negociados escandalosos ligados a la venta de armas a Grecia por compañías alemanas, francesas y estadounidenses, etc.
Esa campaña habría permitido tener los argumentos necesarios para desarrollar la movilización popular contra el chantaje y las imposiciones de la Troika y de los países dominantes de la zona euro. Unas fuertes movilizaciones en Francia contra la actitud del gobierno de François Hollande y Manuel Valls, en Alemania contra la actitud del gobierno de Angela Merkel, en Bruselas y en Fráncfort a los pies de la Comisión Europea y del BCE, podrían haber mejorado la relación de fuerzas a favor de la población griega y del gobierno que la representaba. En la misma Grecia, el gobierno y el Partido Syriza deberían haber estimulado el desarrollo de una movilización popular con el fin de legitimar los actos unilaterales de ruptura con los acreedores, y hacer retroceder a los saboteadores de la economía y en general a los partidarios de la austeridad, es decir, debían haberse confrontado con la clase capitalista griega.
Para estos fines, el gobierno no debería haberse limitado a ejercer el poder del Estado en los pasillos y salones, una actitud que sólo podría ilusionar a los que creían en la resolución de la crisis «desde arriba», y desmovilizaría a la población. Por el contrario, habría debido demostrar su voluntad de designar portavoces (si hubiera sido necesario mediante la intermediación de Syriza) con el fin de establecer un diálogo permanente con las organizaciones sindicales, asociativas y políticas que quisieran solidarizarse con el pueblo griego para terminar con la austeridad y avanzar hacia políticas de emancipación. [2]
Durante el curso del primer semestre de 2015, en numerosas ocasiones se podría haber actuado para efectuar ese beneficioso cambio.
Si las medidas que hemos citado se hubieran implantado, las condiciones de vida de los sectores de población más afectados por las políticas de austeridad y la crisis podrían haber mejorado. Además, la inyección de dinero para aumentar la capacidad de compra y de medios de pago en la economía real habría estimulado la actividad económica: habría aumentado el consumo, la producción local agrícola y de las pequeñas y medianas empresas, y eso habría generado contratos de trabajo. Con el dinero ahorrado gracias a la suspensión del pago de la deuda, el gobierno habría tenido los medios para lanzar un plan de creación de empleos en sectores y actividades útiles para satisfacer las necesidades sociales y la transición ecológica.
A fines de mayo de 2015, todavía hubiera sido posible reaccionar y actuar para el cambio que hemos descrito cuando la Troika avanzó sus nuevas exigencias, y se constató el aumento de agresividad de los dirigentes europeos.
Y, por supuesto, con el enorme apoyo que le dio el resultado del referéndum del 5 de julio y el rechazo de los dirigentes europeos a tenerlo en cuenta. Todavía, Tsipras hubiera podido implementar las medidas indicadas en los párrafos anteriores, radicalizándolas en base a los resultados de la auditoría de la deuda remitidos al Parlamento griego los días 17 y 18 de junio de 2015, y considerando la agresividad creciente de los dirigentes europeos. Eso implicaba medidas unilaterales y soberanas concernientes a la deuda reclamada por la Troika, comenzando por los títulos griegos en manos del BCE desde 2010-2012, puesto que estaban regidos por la ley griega. [3] Eso habría permitido evitar el pago de 6.600 millones de euros que tuvo lugar entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2015. Así mismo, era necesario haber suspendido por un período indeterminado los pagos al FMI. Eso habría ahorrado cerca de 5.500 millones de euros que finalmente se pagaron entre julio y fines del año 2015.
Se perdió mucho tiempo durante el primer semestre de 2015. Grecia tuvo que efectuar numerosos pagos, y especialmente los 3.500 millones de euros de deudas ilegítimas que fueron reembolsados al FMI, desde que el gobierno de Syriza estaba en el poder. Los depósitos en los bancos se habían reducido en cerca de 30.000 millones. Decenas de miles de millones de euros habían abandonado el país debido a la agresividad de la Troika y a la incapacidad del gobierno de Tsipras de tomar buenas decisiones de autodefensa.

 La victoria aplastante del NO en el referéndum permitía implementar una alternativa

Con esa victoria, todavía era posible implementar una política alternativa haciendo un giro en la buena dirección. Fue aplastante, así que permitía ese cambio y demostraba que el pueblo griego estaba preparado para enfrentarse a la Troika.
A pesar de que esa opción era posible, Tsipras y su círculo prefirieron tirar por tierra los compromisos solemnes tomados ante la ciudadanía en el momento en que se anunció la convocatoria del referéndum del 5 de julio. Señalemos que Tsipras se había comprometido solemnemente a respetar el veredicto popular cualquiera fuere éste. [4]
Tsipras y su círculo finalmente eligieron la traición al 61,3 % de la ciudadanía griega que les había otorgado su confianza votando No el 5 de julio. El gobierno de Tsipras pagó cerca de 2.000 millones de euros al FMI el 20 de julio, y cerca de 6.600 millones de euros al BCE entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2015. [5]
El único argumento que Tsipras encontró para justificar ante su pueblo la rendición del 13 de julio, y la continuación del pago de la deuda fue que, en caso contrario, los bancos griegos habrían quebrado. Y eso no era serio. Por una parte, si la situación de los bancos se había degradado un poco más en relación a enero de 2015, fue justamente porque el gobierno de Tsipras, al someterse a las presiones de la Troika, no realizó lo que había prometido a sus electores y electoras: ejercer un poder real sobre los bancos, arremeter contra la oligarquía que los controlaba, sanearlos y ponerlos al servicio de la sociedad. Por otra parte, en julio de 2015, todavía era posible para el Estado, que era el accionista principal de los bancos, tomar su control y recapitalizarlos.
Además, se puede agregar que en el marco del tercer memorando que Tsipras hizo aprobar en el Parlamento griego en julio-agosto de 2015, aceptó que el gobierno perdiera radicalmente su peso como accionista en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los inversores extranjeros, quienes tampoco sanearon los bancos griegos, que continúan en 2020 al borde de la quiebra. No fueron seriamente recapitalizados y se mantienen en manos de una oligarquía de accionistas privados griegos y extranjeros, [6] entre ellos fondos especulativos. Sin embargo, el empleo en el sector bancario se redujo en un 40 % entre 2008 y 2018. Los bancos griegos anunciaron una nueva reducción de empleo de un 10 % en 2019, o sea 4.000 empleos menos de los cuales 2.500 en forma de despidos forzosos. [7] En 2019, el 45 % de los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. otorgados por los bancos griegos estaban en cesación de pagos desde al menos tres meses, y es el porcentaje más elevado, por lejos, de toda la Unión Europea, y su montante representa la mitad del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. de Grecia. [8]
Que no se pierda de vista que más de 15.000 millones de euros de nuevas deudas públicas, generadas en el marco del tercer memorando, fueron destinados al rescate de los banqueros privados.
En realidad, una de las estrategias principales del gobierno de Syriza fue evitar la confrontación con la clase capitalista griega, y eso lo llevó a la derrota. No fue solo que ni Syriza ni el gobierno trataron de buscar el apoyo de la movilización popular contra la burguesía griega, incondicional con las políticas neoliberales de la UE, sino que además se llevaron a cabo políticas de abierta conciliación con la misma. Tampoco se intentó disminuir el poder de las instituciones nacionales procapitalistas, ni favorecer la emergencia de nuevas instituciones populares y democráticas, que pudieran disputar el poder a la clase dominante. Y fue así como Syriza hizo elegir en febrero de 2015 al conservador Prokopis Pavlopoulos, miembro de Nueva Democracia, presidente de la República helena. El gobierno tampoco reformó la policía con el fin de limpiar una institución en la que una parte estaba adherida a la extrema derecha, en ese momento, encarnada en el Partido neonazi Alba Dorada, culpable de acciones criminales. El gobierno de Tsipras y la organización Syriza no alentaron la creación de comités de defensa popular frente a las injerencias exteriores de la Troika; el gobierno tampoco apoyó los esfuerzos de la presidenta del Parlamento que trataba de dar a conocer, de forma amplia, los debates y resultados de la comisión de auditoría de la deuda griega, aunque eso hubiera permitido a la población ejercer el derecho democrático de supervisión sobre las finanzas del Estado.
Finalmente, el gobierno de Alexis Tsipras fue incapaz de reconocer que lo que se jugaba en Grecia era un conflicto de clases brutal, en el que la clase capitalista se beneficiaba del apoyo de las instituciones de la UE, estructuralmente neoliberales, por lo tanto no democráticas y no igualitarias. Más que buscar la conciliación con el capitalismo griego y las instituciones de la UE y de la zona euro, era necesario reconocer el antagonismo insalvable entre los intereses del gran capital griego y europeo, por una parte, y por la otra, los de la mayoría de la sociedad que había llevado Syriza al gobierno. Por lo tanto, se tendría que haber actuado en consecuencia: el gobierno de Tsipras debería haberse comprometido resueltamente en la vía de la desobediencia a los tratados europeos y a las imposiciones de los acreedores, pasando a la vez a la ofensiva con respecto a los capitalistas griegos. A éstos se les hubiera debido hacer pagar impuestos y multas, en especial al sector de los armadores navales, de las finanzas, de la gran distribución. También era importante hacer pagar impuestos a la iglesia ortodoxa, principal terrateniente del país. Con el fin de consolidar esas políticas, el gobierno debería haber alentado el desarrollo de un proceso de autoorganización a partir de colectivos en lucha ya existentes en numerosos ámbitos (por ejemplo, los dispensarios de salud autogestionados para hacer frente a la crisis social y humanitaria, o las asociaciones que trabajaban para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas más precarias). Se trataba también de iniciar un verdadero proceso constituyente con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas pudieran elaborar colectivamente sus propios libros de reclamaciones, y proponer cambios radicales al sistema político griego y a la sociedad. Una asamblea constituyente elegida por sufragio universal habría podido debatir y aprobar un proyecto de nueva constitución para luego someterla a un referéndum popular.
Está claro que si Tsipras hubiera comenzado aplicando su programa, poniendo en marcha las medidas anunciadas, las instancias europeas habrían empujado a Grecia hacia la salida de la zona euro. Pero, por mucho menos que eso, amenazaron a Grecia con expulsarla. [9] También queda claro que el gobierno griego, frente a las acciones agresivas de las instancias europeas, habría debido prepararse para abandonar el euro y volver a una moneda soberana. Técnicamente, la realización de una nueva moneda y su puesta en circulación no era tan complicada como algunos pretendían. Era posible usar los billetes de euros, todavía no utilizados y disponibles en los cofres del Banco Central de Grecia y de sus agencias regionales por un montante de 16.000 millones, estampillándolos para diferenciarlos de los otros euros (detalle interesante, todos los billetes de diez euros estaban impresos en Grecia en 2015). [10] Si el gobierno hubiera actuado con resolución sobre este problema, habría tenido el apoyo activo Activo En general, el término “activo” hace referencia a un bien que posee un valor realizable o que puede generar ingresos. Por el contrario, hablamos de “pasivo”, es decir la parte del balance compuesta por los recursos de los que dispone una empresa (capital propio aportado por los socios, provisiones por riesgos y gastos, así como las deudas). del pueblo griego y se hubiera podido constituir sólidamente la solidaridad internacional.
Durante la campaña del referéndum, la mayoría de los medios de comunicación griegos afirmaban que Grecia sería expulsada de la zona euro si ganaba el No. Los partidos griegos que llamaban a votar por el Sí, constantemente lo afirmaban. Varios dirigentes europeos lo habían declarado en voz bien alta, por ejemplo el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, el vicepresidente del BCE, Benoît Cœuré, varios jefes de Estado y varios ministros de Finanzas de la zona euro como los de Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Países Bajos. Por lo tanto, lógicamente está claro que el 61,3 % de los electores y electoras que votaron por el No sabían que su voto implicaba esa eventualidad, aunque no la desearan demasiado. Si algunos temían una salida de la zona euro, era también porque el gobierno de Tsipras, en el que confiaban ampliamente, les decía que eso tendría consecuencias muy negativas. Es muy probable que si Tsipras hubiera dicho: «Nosotros deseamos mantenernos en la zona euro pero no a cualquier precio» y hubiera explicado que una salida no produciría una catástrofe, y que presentaría manifiestas ventajas, una gran parte de los griegos y las griegas habrían comprendido que era una opción viable.
Tsipras también podría haber pedido la aplicación del artículo 50 como lo hizo el Reino Unido a partir de 2017. ¿Qué dice el artículo 50? «1. Cualquier Estado miembro puede decidir, de manera conforme a sus normas constitucionales, retirarse de la Unión Europea. 2. El Estado miembro que decida retirarse notifica su intención al Consejo Europeo. De acuerdo a las opiniones del Consejo Europeo, la Unión Europea negocia y concluye con ese Estado un acuerdo fijando las modalidades de su salida, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. (…) 3. Los tratados dejan de ser aplicables al Estado respectivo a partir de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo de salida o, salvo rectificación, dos años después de la notificación aludida en el párrafo 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Estado respectivo, decide por unanimidad prorrogar ese plazo.»
La ventaja de la aplicación del artículo 50 es que durante dos años, el país que recurre a este artículo tiene el derecho de preparar su salida sin que las autoridades europeas puedan emprender sanciones contra el mismo. En todo caso, el margen de las autoridades europeas para sancionar está fuertemente reducido.
En lugar de hacer eso, Alexis Tsipras llevó a Grecia hasta el tercer memorando que tuvo efectos desastrosos, puesto que agravó aún más las condiciones de vida de la población, aceleró la venta a sociedades privadas extranjeras de una parte del patrimonio del país, se burló del funcionamiento normal de las instituciones públicas griegas recurriendo de manera sistemática a la adopción de leyes generales impuestas por la Troika, obligó a Grecia a seguir con el pago de una deuda claramente odiosa. La decepción provocada por Syriza permitió el retorno de la derecha dura al gobierno en las elecciones de julio de 2019.
La enseñanza de todo esto: había una opción alternativa que debería haberse puesto en práctica en cada etapa crucial, puesto que lo que pasó no era inevitable.
Para que una alternativa de ese tipo se materialice, la autoorganización y la autoactividad de la población constituye una condición sine qua non. En este período de crisis de la sociedad capitalista, hay sectores muy importantes de la población que buscan soluciones radicales ya que se dan cuenta que, sin esa radicalidad, sus condiciones de vida continuarán degradándose tanto como se degrada la situación global.

 Enseñanzas para la lucha en Europa y en otras partes del mundo

Desde hace diez años, la cólera popular no deja de expresarse en Europa contra las políticas al servicio de los más ricos y de las grandes empresas, y las medidas discriminatorias y antidemocráticas instauradas por los gobiernos nacionales, y a menudo coordinadas por la Unión Europea (UE). [11] Este descontento se tradujo en varias iniciativas sindicales y también en nuevos movimientos tales como los del 15 M en España (también llamado «de los indignados» en el extranjero), la ocupación de plazas en Grecia y manifestaciones masivas en Portugal, en 2011, los movimientos contra la «ley del trabajo» en Francia (al origen del movimiento «Nuits debout» -Noches de pie¬-) y contra el impuesto sobre el agua en Irlanda en 2016, las grandes manifestaciones por la independencia y contra la represión política en Cataluña en 2017. Las luchas feministas dieron lugar a movilizaciones históricas en Polonia («Czarny Protest» contra la ley anti- IVG en 2017), en Italia, las del movimiento «Non una di Meno» desde 2016, en España, una huelga general feminista de 5 millones de personas el 8 de marzo de 2018, así como una victoria contra la influencia política de la Iglesia católica en Irlanda con la legislación del aborto por referéndum en mayo de 2918. Las mujeres están imponiendo su centralidad en todas las luchas sociales. En el año 2018 también emergieron movilizaciones sociales nuevas contra el orden económico y político dominante, por ejemplo, el movimiento contra la «ley de la esclavitud», una reforma neoliberal en Hungría del derecho del trabajo, la manifestación y el desarrollo del movimiento antirracista «Indivisible» en Alemania, y en Francia y Bélgica francófona el movimiento de los chalecos amarillos que se opone especialmente a las políticas fiscales injustas y a la ausencia de democracia en las instituciones políticas. Sin olvidar las manifestaciones ecologistas por el clima, lideradas principalmente por la juventud, que se puso en huelga en numerosos países como Suecia, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Francia y también el Reino Unido. Todos esos movimientos sociales y otros más, protestan contra la política autoritaria y de austeridad llevada a cabo en Europa, planteando directa o indirectamente, la cuestión de un proyecto alternativo al capitalismo, al productivismo, al saqueo ecológico, al racismo y al patriarcado. La alternativa que se debería poner en práctica se alinea con esos movimientos y comparte sus objetivos: la lucha contra todas las dominaciones, por los derechos de todas y todos, por la igualdad y por una democracia que debemos reinventar, que no se detenga en las puertas de las empresas y de los barrios populares, y que sea radicalmente antinómica con la lógica capitalista –sea ésta pretendidamente «proteccionista» y por lo tanto contra lo «extranjero» o sea liberal– que destruye los derechos sociales, y el medio ambiente.
Esos movimientos sociales son inherentes a las urgencias sociales, ecológicas, democráticas, feministas y solidarias. Tenemos urgencia social porque las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares en Europa no han dejado de degradarse en estos treinta últimos años, especialmente luego de la crisis que afectó al continente a partir de 2008-2009; urgencia ecológica porque el consumo exponencial de energías fósiles que necesita el capitalismo, y su corolario, la destrucción de los ecosistemas, amenazan la propia existencia de la humanidad; urgencia democrática porque las clases dominantes no dudaron en adoptar métodos de dominación, cada vez menos preocupados de aparencias democráticas, y cada vez más coercitivos durante estos treinta últimos años, en respuesta a los retos a los que debieron enfrentarse; urgencia feminista puesto que la opresión patriarcal bajo formas diferentes provoca reacciones crecientes y masivas de rechazo, proclamadas por millones de mujeres y hombres; por último, urgencia solidaria porque el cierre de fronteras y la erección de muros como respuesta a millones de migrantes a través del mundo, que huyen de la guerra, de la miseria, de los desastres ambientales o de los regímenes autoritarios solo constituyen la negación de humanidad. Cada una de estas urgencias conduce, como reacción, a movilizaciones de desobediencia, de autoorganización y de construcción de alternativas, que constituyen otros tantos focos posibles de nuevos sistemas democráticos en Europa.
Nuestra reflexión y nuestra voluntad están arraigadas en esas movilizaciones a escala europea, aunque sin encerrarse en las fronteras e instituciones existentes: todos los retos y derechos citados son ahora planetarios. En cada país y en cada continente varían de acuerdo a sus especificidades y a sus propias historias. Los ataques sociales se articulan desde lo local hacia lo global debido a las estrategias de las compañías transnacionales y sus grupos de interés dentro de los Estados e instituciones de la globalización Globalización (ver también Mundialización)

Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]). capitalista, apoyándose en las normas de un pretendido «libre comercio».
La respuesta de la mayoría de los gobiernos frente a los crecientes movimientos de protesta consiste en aumentar el nivel de represión del Estado: los opositores sociales y políticos son amenazados en Grecia, las leyes liberticidas se suceden y la violencia policial se multiplica en Francia y en Bélgica, se ha criminalizado a las y los militantes de los movimientos de acogida y de solidaridad con las personas migrantes, etc. Las fuerzas de extrema derecha, xenófobas y autoritarias progresan de manera importante hasta el punto de participar en gobiernos europeos, como es el caso de Italia, o bien configurar la agenda política de gobiernos de «extremo centro», por ejemplo en Francia. En cuanto a las instituciones europeas, éstas jamás habían protegido tan activamente los intereses capitalistas ni jamás se habían bloqueado contra cualquier intervención de la voluntad popular y de la opción democrática como en estos últimos años. En Grecia, respondieron mediante una política de asfixia monetaria (disminución de la liquidez del Estado) a la victoria electoral de Syriza en enero de 2015, y después de la victoria del No en el referéndum de julio de 2015, prosiguieron las negociaciones a puerta cerrada con el fin de neutralizar la voluntad popular y de imponer, con la anuencia del gobierno griego, un tercer memorando de austeridad. Con los acuerdos firmados entre la Unión Europea y terceros países, como el acuerdo con Turquía de abril de 2016, estas instituciones agregaron a la injusticia del reglamento de Dublín III y a la violencia del Frontex (la agencia de represión de migrantes en las fronteras de la UE), la violación sistemática del derecho internacional, especialmente el derecho de asilo, y la financiación directa de una política represiva externalizada a países terceros. Actualmente los proyectos dominantes para la «reforma» de la UE son militaristas (aumento del presupuesto de la Eurofuerza), antidemocráticos (carácter automático del control europeo a los presupuestos nacionales), y todavía más neoliberales (proyectos de privatizaciones generalizadas de los servicios públicos). Para esta UE, y más que nunca, como lo afirmó en 2015 el presidente de la Comisión Europea de ese momento, Jean-Claude Juncker: desde el punto de vista de las instituciones europeas, «no puede haber una opción democrática contra los tratados europeos».
Frente a esta construcción procapitalista, antidemocrática y xenófoba que es la UE, ¿qué se puede hacer? Una reforma por vía electoral a nivel europeo no constituye una opción realista. Una (muy) hipotética mayoría de una coalición de izquierda popular en el Parlamento Europeo no sería suficiente para imponer una modificación de los principales tratados y un control democrático de la Comisión Europea y del BCE, que son las dos principales máquinas de guerra del neoliberalismo en Europa. En efecto, el Parlamento no posee las prerrogativas necesarias para tales reformas, y el BCE, la Comisión Europea y también el CJCE y las diversas agencias europeas son totalmente independientes de la soberanía popular. Y una elección simultánea en la casi totalidad de los Estados miembros de gobiernos que quieran reformar la UE parece también ilusoria, aunque solo sea por la diferente temporalidad de los ciclos electorales. La Unión Europea constituye en la actualidad no solo una de las vanguardias mundiales del neoliberalismo, sino también un conjunto de instituciones irreformables. Y esta es la razón por la que una izquierda de transformación social no puede ser creíble y realista sin poner en el centro de su estrategia, la ruptura con los tratados y las instituciones de la Unión Europea.
¿Pero cómo se debería hacer esa ruptura? Ya sabemos que no puede consistir en negociaciones que busquen el consenso sin tener en cuenta la relación de fuerza con las instituciones europeas, como lo ha demostrado claramente la experiencia del primer gobierno de Syriza en 2015. También sabemos que las rupturas políticas deben necesariamente apoyarse en movilizaciones sociales de gran envergadura. Tales movilizaciones faltaron desgraciadamente en Grecia a comienzos de 2015. En otras palabras, la ruptura con los tratados y las instituciones europeas deberá ser conflictiva, democrática e internacionalista. Es necesario y posible oponerse al mismo tiempo a fuerzas y políticas no igualitarias y reaccionarias (ya sea que se presenten como liberales o proteccionistas) a nivel nacional, europeo e internacional, apoyándose tanto en iniciativas ciudadanas y en los movimientos sociales organizados como en la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. de un gobierno popular defensor de los derechos de todas y todos.
Todavía es necesario que lo que llamamos en Europa la «izquierda popular» esté a la altura de la situación. Hasta hoy, al conjunto de sus componentes le falta, lamentablemente, claridad y coraje en sus relaciones con las instituciones europeas, radicalidad y ambición en las propuestas políticas que defiende, y arraigo popular debido a su desconexión de los movimientos sociales, quienes, desde abajo, desafían el orden existente. Es el momento de iniciar un debate, en los diferentes ámbitos, local, nacional e internacional, sobre medidas e iniciativas realistas y radicales cuyo implante permitiría realmente responder a las necesidades sociales, garantizar los derechos fundamentales de hombres y mujeres residentes en Europa o que quisieran instalarse en ella, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, conquistar poder democrático e iniciar la superación del capitalismo, comprometiéndose con la transición ecológica.
Por nuestro lado, se debe rechazar tanto los proyectos irrealistas de reforma institucional de las instituciones europeas, que solo hacen reforzar el stato quo, como los proyectos de repliegue nacional, que solo logran reforzar el capitalismo doméstico. Una fuerza de izquierda que pretenda constituir un gobierno popular y emprender los cambios sociales prioritarios debe comprometerse a desobedecer a las instituciones europeas, romper con su normal funcionamiento, defenderse de ataques y represalias que provendrán de esas mismas instituciones y del gran capital, como de tentativas de bloqueo por parte de las instituciones nacionales partidarias del orden existente. Además, hay que trabajar para hacer nuevas alianzas internacionales con actores de dentro y de fuera de la UE, con el fin de crear nuevas formas de cooperación y de solidaridad.
La soberanía popular no puede construirse si no es atacando a las formas actuales de las instituciones políticas, a nivel nacional, europeo e internacional, para luego crear, sobre la base de la autoorganización, nuevas instituciones democráticas. Para ello se necesita convencer de la necesidad de una ruptura política con las instituciones nacionales, europeas e internacionales que ejercen políticas que combatimos, y de consolidar los lazos entre las redes, las resistencias y todos los componentes políticos, asociativos, sindicales que comparten objetivos de cambios progresistas y radicales, en particular en el ámbito europeo. En lo inmediato, la urgencia es reforzar y coordinar las iniciativas de desobediencia, de ruptura y de autoorganización existentes, e iniciar nuevas, dándoles sistemáticamente una dimensión internacional, orientándolas claramente en contra de las instituciones al servicio del gran capital y para nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.
Haciendo estas propuestas de desobediencia y ruptura con las instituciones europeas, no se trata de buscar una salida nacionalista a la crisis y a la protesta social. Tanto como en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y promover una federación europea de los pueblos opuesta a la prosecución de la forma actual de integración totalmente dominada por los intereses del gran capital. Se trata también de una búsqueda constante de desarrollo de campañas y acciones coordinadas a nivel continental (y más allá) en los ámbitos de la deuda, de la ecología, del derecho a la vivienda, de la acogida de personas migrantes y refugiadas, de la salud pública, de la educación pública y de otros servicios públicos, del derecho al trabajo. Se debe luchar por el cierre de las centrales nucleares, la reducción radical del recurso a los combustibles fósiles, la prohibición del dumping fiscal y de los paraísos fiscales, la socialización de los bancos, de las aseguradoras y del sector de la energía, la reapropiación de los comunes, la defensa y extensión de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ, la promoción de bienes y servicios públicos, el lanzamiento de un proceso constituyente. Más que nunca es la hora de la acción contra la evolución cada vez más autoritaria de los gobiernos y del combate por la democracia en todos los sectores de la vida social.
Se podrá objetar que esta vía revolucionaria es demasiado radical o demasiado difícil. Nosotros respondemos que las otras vías llevan a callejones sin salida, y que ésta es la única que permite iniciar una ruptura con el orden existente, desde ahora y en todos los lugares que sea posible, para reconstruir espacios locales, regionales, nacionales, internacionales y en todo el mundo, justos y democráticos, donde se pueda vivir dignamente.

Conferencia en Lieja con Zoe Konstantopoulou y Eric Toussaint en marzo 2016 con título : Otra verdad sobre Grecia. Foto: CADTM